La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclamó ayer una política de alquileres sociales en pisos vacíos pertenecientes al SAREB, el denominado «banco malo», y advirtió de que, si no la impulsa el Gobierno, lo hará la propia PAH «en un programa de realojo de familias necesitadas».

«Entidades financieras rescatadas con miles de millones de euros de dinero público tienen miles de propiedades y de pisos vacíos que van a ser lanzados a una nueva burbuja especulativa», afirmó ayer el portavoz de la PAH en Málaga, Nico Sguiglia, que participó en un encuentro estatal de estas plataformas. Por ello, reclamó, «sobre la base de esos pisos, una política de alquiler social que dé una vivienda a la gente necesitada».

«En el encuentro de Málaga participan más de 170 representantes de los 180 nodos con los que cuenta la PAH en España, que analizan aspectos jurídicos y los avances que se están impulsando.

También se abordarán las próximas campañas de la PAH «en defensa del derecho a la vivienda, siempre bajo tres reivindicaciones principales, la dación en pago, la paralización de los desahucios, y la exigencia de ese alquiler social». Respecto al decreto andaluz contra los desahucios, Sguiglia señaló que es «un avance y un paso importante, pero queda por determinar cuál será su alcance y cómo se va a aplicar, y todavía se tienen que tomar medidas más profundas, porque ésta es una situación de emergencia habitacional muy grave».

Este portavoz considera positiva esta iniciativa del gobierno andaluz después «de largos años en los que la administración se dedicó a trabajar codo con codo con el poder financiero en la burbuja inmobiliaria». También recordó que la PAH ha recogido esta semana en el Parlamento Europeo el Premio al Ciudadano Europeo del Año 2013, lo que «señala el nivel de legitimidad y de reconocimiento de nuestro trabajo».

Multas de 720 euros para «las luchadoras»

La Fiscalía de Málaga ha solicitado el pago de una multa para siete mujeres a las que acusa de un delito de usurpación por considerar que supuestamente ocuparon con sus hijos un edificio ubicado en la zona de la Goleta. En total, se solicita a cada una que abone 720 euros. En las conclusiones provisionales del fiscal, se indica que con el fin de ocupar los inmuebles «ajenos» y residir en ellos, las acusadas «procedieron a abrir y cambiar las cerraduras» de siete viviendas de un edificio, entonces propiedad de una empresa, que «no lo había autorizado».

Para la Fiscalía, las acusadas -que viven en la corrala que denominan «Las luchadoras»- son autoras de un delito de usurpación, solicitando para cada una cuatro meses de multa, a seis euros diarios; además de que indemnicen de forma conjunta y solidaria al propietario con 485 euros, cantidad en la que se han tasado los daños por forzar las viviendas. e. press málaga