Isabel Martínez, presidenta de la Asociación Andaluza de Familias por la Diversidad, reclamó ayer una mayor implicación a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Educación en el caso del menor del colegio San Patricio. En la inauguración de la II Jornada Andaluza sobre Justicia Efectiva en Delitos de Odio y Discriminación, Martínez acentuó que «no hay un tratamiento de integración efectivo y adecuado para los hijos gays, lesbianas, bisexuales y transexuales». Además, Martínez pidió a los poderes públicos que «pongan mucho más empeño del que están poniendo» y que «Educación debería haber intervenido ya con psicólogos por ejemplo, para hacer entender la situación a los demás padres y a los responsables del centro escolar».

El delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, respondió a Isabel Martínez recordando que «en el caso San Patricio, Educación ha hecho recomendaciones al centro. Pero, si éstas no son finalmente tomadas por el centro escolar, se adoptarán las medidas legales oportunas». Asimismo, Ruiz Espejo recordó que las administraciones públicas andaluzas «apuestan por la educación decididamente». Para ello, «intentan formar valores y luchar contra la intolerancia». De igual modo, aseguró que buscan «favorecer el acceso a la igualdad y el respeto mutuo, para conseguir una convivencia ciudadana más humana".

Para esto, Ruiz Espejo nombró el Plan Integral de Juventud, dependiente del Instituto Andaluz de Juventud. En éste, se persigue el fomento de la interculturalidad y de la convivencia entre los jóvenes. El delegado del gobierno andaluz en Málaga citó a colación del Instituto Adaluz de Juventud un curso que éste ha puesto en marcha en el cual han participado más de 1.000 jóvenes. El fin último de este tipo de iniciativas, según José Luis Ruiz Espejo, es «fomentar el respeto, la convivencia y la tolerancia hacia la propia persona y hacia los demás», haciendo referencia a la situación económica o la clase social de las personas como algunos de los motivos que influyen en la discriminación.

Ruiz Espejo mencionó un pasaje del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que se considera indispensable «orientar las políticas públicas contra la homofobia y la discriminación y fomentar los valores de respeto y de convivencia».

Isabel Martínez también quiso recalcar que «el caso del colegio San Patricio será el primero que se va a tratar en la fiscalía y que marcará jurisprudencia sobre los que puedan sucederse». Por tanto, desde la Asociación Andaluza de Familias por la Diversidad esperan que la decisión final y el fallo en torno a este caso se resuelva «contundentemente».