La Inspección de Trabajo de Málaga ha iniciado una campaña especial de control entre las comunidades de vecinos de la provincia para comprobar su adecuación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que las personas que realizan tareas de obra y mantenimiento en edificios y urbanizaciones cuentan con contrato y desarrollan su labor con todas las garantías de seguridad. La Inspección ha comenzado esta campaña especial en Torremolinos, municipio en el que desde finales de agosto ya ha requerido la documentación de trabajadores y empresas de servicios a más de 300 comunidades de propietarios, según confirmó ayer el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Fernando Pastor.
La Inspección se ha encontrado con el obstáculo de que unas 120 comunidades estaban mal censadas, por lo que se ha tenido que reenviar el requerimiento de información. Pastor, señaló, no obstante, que Trabajo está «satisfecho» con la respuestas de las comunidades y prevé finalizar la campaña en Torremolinos antes de final de año para continuarla en otros municipios de la Costa del Sol.
Los primeros datos de estas inspecciones fueron ofrecidos ayer en las jornadas técnicas organizadas por el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de la Junta de Andalucía, en el marco de la Semana Europa para la Seguridad y Salud en el Trabajo. El problema de fondo, según señala Pastor, es que las comunidades de propietarios sufren unas elevadas tasas de morosidad por parte de muchos vecinos, lo que les ha originado un agujero económico de unos 70 millones de euros en toda la provincia. Ante esta situación, muchas comunidades se han decantado por el autoempleo a la hora de realizar las tareas de limpieza, mantenimiento o jardinería. El Colegio de Administradores calcula que en torno al 30% de comunidades usan este recurso aunque, en algunos casos, sin regularizar la situación mediante el preceptivo contrato de trabajo.
«En muchos casos son los propios vecinos morosos los que se encargan de hacer estos trabajos sin que haya contrato de por medio. Y el problema es que de cara a la ley una comunidad de vecinos que tiene un trabajador a su cargo tiene las mismas obligaciones que una empresa. Están obligados a hacerles un contrato», comenta.
Precisamente este intrusismo ha originado quejas y denuncias por parte de empresas de limpieza y mantenimiento que también están en el origen de la campaña de la Inspección, que quiere poner coto a este empleo sumergido.
La inspectora de Trabajo Marta Izquierdo, que ofreció ayer una ponencia en estas jornadas de prevención, recordó que una comunidad de vecinos tiene las mismas obligaciones que una empresa cuando se trata de contratar a trabajadores o acudir a servicios de mantenimiento. «Es obligatorio dar de alta a estas personas y tener los sistemas de prevención de accidentes conforme a la normativa. A parte de las sanciones, las responsabilidades civiles y penales por daños y perjuicios son muy amplias. Sólo en prevención hablamos de multas que pueden ir hasta los 800.000 euros», dijo.
Por ejemplo, la sanción mínima a la que se enfrenta una comunidad de propietarios donde se detecta una persona que trabaja sin contrato es de 3.000 euros; la correspondiente a carencias en la prevención de riesgos es de otros 2.046. Además, en el caso en que un afectado desarrolle una enfermedad profesional o sufra un accidente el recargo para la comunidad oscila entre el 30% y el 50% respecto a las prestaciones que genere hasta su edad de jubilación.
La inspectora explicó que las personas que trabajan al cuidado de un bloque de viviendas o de una urbanización realizan labores de mantenimiento eléctrico o poda de árboles, con el riesgo de trabajar en zonas peligrosas o elevadas.
Por su parte, el jefe del Área de Prevención del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, Jesús González, lamentó que exista cierto desconocimiento entre las comunidades sobre sus responsabilidades en materia laboral. «Cuando nos llegan noticias de algún accidente en este ámbito comprobamos que muchas veces no están al tanto de estas obligaciones porque faltan medidas de prevención», constató.
