Tener una plaza de funcionarios ofrece una gran estabilidad laboral, pero no inmunidad ante los recortes. Estos trabajadores han perdido más de un 30% de su poder adquisitivo desde 2010, cuando empezaron a aplicarse los recortes más duros en la administración. De hecho, se calcula que han perdido entre 300 euros y 500 euros al año de sus nóminas hasta septiembre de este año, a lo que habría que sumar lo que han dejado de ganar por la congelación del sueldo de los últimos cuatro años.

Los funcionarios están aguantando gran parte de las políticas de austeridad de las administraciones, que aplican rebajas en su masa salarial para cumplir con los objetivos de déficit de cada año. Eso ha supuesto la congelación salarial continuada durante varios años, la no aplicación de determinados complementos, la suspensión de alguna paga extra y el despido de empleados públicos e interinos, que en toda España han supuesto la pérdida de unos 300.000 puestos de trabajo.

Sin embargo los recortes no van a parar. Para el año próximo el Gobierno Central ha anunciado una nueva congelación del sueldo de los funcionarios. Pero será la Junta de Andalucía la que meta la tijera con más profundidad en sus 261.000 trabajadores. El proyecto del presupuesto andaluz para 2014 contempla la retención, por segundo año, de los complementos de las pagas extra. Esto supone que la administración andaluza se ahorre unos 322 millones de euros, una cuarta parte del ahorro previsto en ese ejercicio para cumplir con el límite de endeudamiento.

Esto tiene sus consecuencias directas en el bolsillo de los funcionarios, ya que cada uno de ellos dejarán de ingresar una media de 1.233 euros el año próximo. Un nuevo palo a los ingresos de este colectivo.

Joaquín Pérez, presidente de CSIF Málaga, reconoció que los recortes a los funcionarios los están aplicando «los gobiernos de un color y de otro», aunque subrayó que en el caso de la Junta de Andalucía «van a dar otra vuelta de tuerca eliminando los complementos de las pagas extra para 2014». «Está claro que la Junta de Andalucía no ha hecho bien sus deberes si nos tiene que seguir recortando», insistió Joaquín Pérez, quien subrayó que las medidas previstas para el año próximo «promueven la desigualdad del empleado público andaluz respecto a otras comunidades».

Otra cara de la moneda de los recortes son los despidos de interinos y empleados públicos que no son funcionarios. Desde el inicio de la crisis se han perdido 300.000 puestos de trabajo en este colectivo en toda España. Estos despidos se han dejado notar especialmente en la educación y sanidad pública, que contaban con las principales bolsas de interinos.