El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 9 años y tres meses de prisión que la Audiencia de Málaga impuso al exjefe del Grupo de la Udyco en la Comisaría de Policía de Marbella Carlos F. por delitos relacionados con la corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Carlos F. fue condenado por la Audiencia de Málaga a 9 años y tres meses de prisión por varios delitos de malversación y otros de quebrantamiento de condena y contra la libertad, mientras que quien fuera inspector jefe de la Sección de Crimen Organizado de la Udyco-Costa del Sol, Alfredo M., recibió una pena de seis meses de cárcel por malversación.

El Supremo revisó el pasado mes de septiembre el recurso de los condenados y durante aquella vista los abogados defensores pidieron al tribunal que considerase nulas las intervenciones telefónicas en las que se basaron las condenas. El fiscal pidió que se mantuvieran las condenas.

Entre los hechos considerados probados por la sentencia está la sustracción por parte de Carlos F. de un reloj de lujo (valorado en 20.000 euros) y la falsificación consiguiente de documentos con los que trató de ocultar su delito cuando se temió ser descubierto.

A sucesos como este se sumaron otros, como diversas irregularidades ocurridas en 2006 en operaciones policiales contra el tráfico de cocaína y en las que estuvo implicado el principal condenado.

Junto a ello, en el verano de 2005, Carlos F. puso en libertad a un detenido, O.I. -también procesado en esta causa- a cambio de que fuera su confidente e hizo caso omiso a la orden de busca y captura existente.

La sentencia considera justificadas las intervenciones telefónicas porque existían sospechas fundadas de hechos "de una enorme gravedad al vincularse" a un supuesto caso "de corrupción policial" que finalmente se confirmó.

El Supremo además considera probada la malversación en casos como el de la apropiación del reloj o en otro evento en el que, tras organizar una operación policial en la que hubo diversas irregularidades, el principal condenado hizo desaparecer el dinero usado para pagar un kilo de cocaína. Con esos argumentos el Tribunal confirma las condenas.