El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, anunciaron ayer la enmienda a la totalidad que el Partido Popular va a presentar a los presupuestos que la Junta de Andalucía hizo públicos ayer. En total, reclaman una suma de 726 millones de euros para la provincia de Málaga en concepto de proyectos prometidos por el gobierno andaluz.

Entre estos proyectos, según Elías Bendodo, se encuentran entre otros el Macrohospital en la ciudad de Málaga (90 millones de euros), la finalización de las obras del metro (90 millones), la ampliación del Puerto Caleta de Vélez (80 millones), la construcción de la autovía del Guadalhorce (48 millones) o el saneamiento integral de la provincia de Málaga (150 millones). Todo ello, además del pago de las deudas que la Junta de Andalucía tiene con los municipios malagueños, con una suma total de 88 millones de euros. Según el presidente de la Diputación, exigen «el cumplimiento de los proyectos prometidos, anunciados y los que se han puesto en marcha, pero están paralizados». «Son proyectos necesarios y prometidos, deudas históricas con la provincia», recalcó el presidente de la Diputación de Málaga.

Por su parte, Carlos Rojas calificó los presupuestos de la Junta de Andalucía como «los presupuestos de la desesperanza», «antirreformistas» e «hipócritas», «ya que no provincializan los gastos ni la inversión, de forma que los ciudadanos no saben en qué se van a gastar su dinero». Rojas hizo hincapié en que los proyectos que exigen «forman parte del estado del bienestar, mejoran la calidad de vida de la provincia y crean empleo». Asimismo, Rojas aseguró que «la Junta de Andalucía no cumple con los ciudadanos, no quiere crear empleo y está más preocupada en hacer confrontación al gobierno central que en apoyar los proyectos de la Diputación, que siempre van dirigidos a los malagueños».

Elías Bendodo añadió también que con los presupuestos de 2014 «la Junta de Andalucía ha descendido la cantidad destinada a inversión un 6%» y «el grado de ejecución de políticas de empleo cae un 30%».