La Audiencia Nacional cerró ayer el mapa de la corrupción de Marbella con la sentencia del caso Saqueo 2, después de los fallos de Saqueo 1 y Malaya. Éste es el ocaso de los grandes casos de una época en la que Jesús Gil y los suyos esquilmaron, como nunca antes había ocurrido, el patrimonio de una ciudad. En esta ocasión, Juan Antonio Roca y el exregidor de Marbella, Julián Muñoz, no han escapado mal: son sentenciados a seis años de prisión por malversación de fondos públicos. El segundo habrá de indemnizar en más de 40 millones de euros a la ciudad costasoleña. El exasesor de Urbanismo se queda al borde de su primer permiso penitenciario tras ocho años entre rejas.
En total, de los 28 acusados hay 15 absueltos, entre ellos el exfutbolista Tomás Reñones y la exalcaldesa Marisol Yagüe, y trece condenados: los exediles Dolores Zurdo (cuatro años y medio), Marisa Alcalá (cinco), Pedro Román (seis años); Antonio Romero (dos años); Rafael González (cinco años) y Juan Manuel Blanco (dos). El abogado Modesto Perodia es sentenciado a seis años, el arquitecto Carlos Monteverde a tres; el exedil Antonio Calleja a cuatro y medio, a un expresidente de una sociedad municipal dos años y cierra el rosario de sentenciados José Antonio Andrade, que dirigió el Centro de Orientación Psicosocial de Marbella, a cuatro años y medio.
La sentencia tiene 208 folios y versa sobre el supuesto desvío de más de 70 millones de euros del Consistorio marbellí a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los ediles así como un fraude a la Seguridad Social de 91 millones. Finalmente, el desvío queda reducido a poco más de 40 millones que irán a parar al erario público marbellí.
De cualquier forma, Roca y Muñoz salen bastante bien parados del brete. La Fiscalía Anticorrupción pedía 15 años para el exasesor y trece para Muñoz, pero han sido absueltos de los delitos de asociación ilícita y contra la Seguridad Social.
En el caso del exasesor, queda muy cerca del primer permiso penitenciario pues en marzo próximo hará ocho años en la cárcel y está condenado a 11 en la operación Malaya, amén de tener otros cuatro en Minutas, entre otras sentencias. Una vez que sigan cayendo sentencias, podrá acumularlas, pero en principio el primer permiso de tres días no tendría que tardar mucho en llegar por su buen comportamiento y porque ha cumplido más de un cuarto de su condena en Saqueo 1 -seis años y diez meses- y además tiene voluntad de reparar el daño con el pago de 31 millones de responsabilidad civil.
En cuanto a Muñoz, éste también tiene el fin de salir cuanto antes de la cárcel, pese a que tiene dos condenas a siete años y medio por Minutas y Pantoja, y ahora ésta a seis. Su idea es ir acumulando procesos para abandonar Alhaurín de la Torre en poco tiempo, aunque le queda un rato a la sombra.
En este caso, la Audiencia Nacional describe las operaciones que llevaron a cabo los sentenciados para desviar fondos públicos del Consistorio marbellí. En concreto, la corporación asumió deudas ficticias que no respondían a operación alguna, acordó relaciones contractuales inexistentes y dispuso de fondos sin haber justificado su destino público.
Los ediles del Consistorio marbellí asumieron la iniciativa del alcalde, Jesús Gil, para «gestionar los servicios municipales a través de sociedades mercantiles participadas con capital íntegramente municipal».
Algunos de los concejales, considera probada la Sala presidida por Alfonso Guevara y conformada por Ángeles Barreiro y Clara Bayarri, «vinieron en disponer de fondos y patrimonio en perjuicio del erario», y concertaron su actuación, que estaba dirigida por Roca, Román y Muñoz, a través de órdenes de pago, transferencias y la disposición de bienes municipales.
El tribunal ha detectado la existencia de «un ámbito de consorcio para favorecer el desvío de bienes y fondos públicos, centrado en Julián Muñoz, Pedro Román, Modesto Perodia y Juan Antonio Roca», que a su vez contaron con una colaboración puntual o episódica de María Dolores Zurdo o Marisa Alcalá.
De cualquier forma, el Tribunal hace suya la tesis de la Fiscalía, que alegaba que la cúspide de la pirámide era Jesús Gil, constituida por personas que más que a un proyecto político se unían a un «proyecto criminal», en palabras del fiscal Juan José Grinda.
