Los trabajadores de la empresa de limpieza Limasa han advertido al Ayuntamiento de Málaga de que "no vamos a ceder" ante "sus medidas de presión", después de que haya planteado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Así, han rechazado "frontalmente" esta alternativa y han dejado claro que "no descartamos nada" para mostrar su oposición, incluida la convocatoria de una huelga.

"La empresa sigue despilfarrando el dinero y no vamos a pagarlo nosotros solos", ha declarado a Europa Press el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, quien ha indicado que, ante el anuncio del ERE temporal, "tenemos las manos libres para poder hacer cualquier acción". "Rechazamos esa alternativa al cien por cien y vamos a tomar las mismas medidas que ellos, si han optado por medidas drásticas, nosotros también; serán firmes y contundentes", ha aseverado.

Ha tachado de "disparate" la aplicación de un ERTE en Limasa, preguntándose "quién va a limpiar Málaga a partir del 1 de enero de 2014 --fecha en la que entraría en vigor esta suspensión colectiva de contratos, cuyos términos, no obstante, tienen que ser aún definidos--. A su juicio, "esta empresa no debe estar creada para dar beneficios, sino para prestar un servicio como se merece una ciudad turística como Málaga".

Además, ha rechazado que las causas a las que alude la empresa para la aplicación de este ERE temporal sean productivas y organizativas", incidiendo en que, sin embargo, "no se hable de cuestiones económicas": "no tendría sentido hacerlo cuando es una empresa que todos los años tiene un dos por ciento de beneficios".

Por ello, Belmonte ha dicho que "la plantilla está harta de ser todos los años la diana de este Ayuntamiento, no lo vamos a permitir", sobre todo cuando "hemos sido la única parte que ha mostrado interés por negociar" y cuando "llevamos dos años haciendo sacrificios económicos".

Ante esto, el próximo lunes los trabajadores se reunirán en asamblea para informar de la situación y determinar las actuaciones a desarrollar, comunicando a la empresa posiblemente al día siguiente la postura que adopta la plantilla.

El representante sindical ha alertado de que "si el Ayuntamiento ha tomado esa medida, que sepa que va a ser frontalmente rechazada, independientemente de que nos sentemos en la comisión negociadora del ERTE".

En cuanto a que la empresa deje la puerta abierta a llegar a un acuerdo en la negociación del convenio colectivo de 2013-2014 para evitar así el ERTE, Belmonte ha dejado claro que "o una cosa o la otra".

De hecho, aunque han sido convocados al 6 de noviembre para intentar llegar a un acuerdo en relación con el convenio colectivo de 2013-2014, el presidente del comité de empresa ha incidido en que "las cartas ya están encima de la mesa, por lo que si han elegido un ERTE, es complicado que puedan seguir las otras negociaciones".

"Vamos a decir a la ciudadanía que ya está bien, que no vamos a ser el saco de entrenamiento de este Ayuntamiento y de este alcalde --en referencia a Francisco de la Torre--", ha expuesto el representante de los trabajadores.

Sobre el ahorro de 7,1 millones de euros que plantea la empresa en el marco del convenio para los años 2013 y 2014, el dirigente sindical ha recordado que "ya dimos la alternativa de municipalizar", añadiendo que "solo con lo relativo al IVA y con la parte de la asistencia técnica a la parte privada se ahorraba una media de 12 millones al año".

También propusieron prorrogar a 2014 el laudo dictado por el árbitro designado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) de la Junta, pero "ahora resulta que los parámetros no son de calidad", ha criticado.

Según ha subrayado, "todas las partes tienen que ceder, no puede ocurrir que la parte privada diga que cede el dos por ciento de sus beneficios, lo que significa unos 500.000 euros, y que a nosotros nos pidan seis millones de euros de ahorro".

El Ayuntamiento, que tiene el 49 por ciento del accionariado de la empresa mixta de limpieza, ha planteado el ERTE ante la negativa de los trabajadores a aceptar los recortes salariales propuestos con el objetivo de reducir los costes laborales en más de siete millones de euros entre lo que queda de año y 2014.