Las dos funcionarias del caso Malaya son actualmente interinas que renuevan mensualmente. Sin embargo, a finales de mes podrían quedarse en la calle si nada ni nadie lo remedia, lo que es un torpedo en la línea de flotación del proceso. Este asunto judicial no es igual a otro. Se trata de un sumario de millones de folios, entre los que ambas trabajadoras, que llevan años con el procedimiento, bucean con gran familiaridad. Y su labor no acaba con el dictado de la sentencia. Puesto que en este mes han estado recopilando los recursos de casación contra el fallo y sacando documentación para enviarla en unos días a la Sala Segunda del Supremo.
«Hemos pedido que mantengan a las dos funcionarias, porque quedan muchas cosas sin foliar y sin escanear», indican. En principio, uno de los puestos peligra seriamente de cara a finales de año. Y la secretaria judicial del proceso ya trabaja en otra sección.
Las fuentes insisten en que dure lo que dure el trámite del recurso de casación, sobre el que aún ha de dictaminar el Supremo, «las funcionarias deben permanecer aquí, pues son interinas y si se van luego se nombra a otras distintas que no conocen el caso y eso puede ser desastroso».
No sólo eso. Una vez que llegue el auto sobre la casación habrá que comenzar con la ejecución de la sentencia, «que puede durar muchos años», al tratarse de un fallo de un volumen considerable.
Los abogados llaman diariamente a la Sala y en un mes se manda la causa al Supremo, de forma que el ponente habrá de elegir una fecha para fijar la vista de los recursos. La semana que viene se dictará un auto emplazando a las partes, de tal forma que tendrán 15 días para comparecer ante el Alto Tribunal y formalizar los recursos tras los anuncios de casación.
«Si nos quitan a las funcionarias esto pasará a la Sección Primera, y estos empleados tampoco conocen el proceso a fondo», concluyen las fuentes consultadas.
