Se hablaba de una lluvia de empleos y de millones. Hubo incluso una pelea regional, como en las grandes tardes de verbena, para llevarse el gato al agua y la inversión. Sin embargo, al final, puro en la boca incluido, el magnate de Eurovegas dijo no y se marchó. La experiencia no resulta precisamente alentadora. La Comunidad de Madrid alega que las pretensiones de los inversores eran excesivas, pero el debate excede el ejemplo particular. ¿Dónde está el límite entre el estímulo y lo intolerable? ¿Cómo hacer para evitar la estampida? Los especialistas coinciden en aislar el caso de la famosa ciudad del juego de Alcorcón. Sobre todo, porque el empresario, esta vez, no les suscita demasiado confianza.

Ricardo Bocanegra, de la Asociación de Residentes Extranjeros de la Costa del Sol, apela al sentido común y pone el límite justo en la frontera que separa la flexibilidad en la norma con el abuso por parte del inversor. «Lo que no se puede permitir es descender al nivel de una república bananera», indica.

Antonio Pedraza, presidente de Esesa y vicedecano del Colegio de Economistas, considera por su parte que en la llegada de capital no vale todo y aboga por seleccionar proyectos que sean coherentes con el modelo de ciudad que se quiere construir. En este sentido, aplaude la planificación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en lo que respecta a la búsqueda de un perfil turístico muy seleccionado y ajeno al que se barruntaba en el gran casino de Madrid. «Lo que había que plantearse es si un tipo de visitante con dinero negro y de escasa calidad le hace un favor al país», asevera.

Gumersindo Ruiz Bravo de Mansilla, catedrático de la UMA, duda a su vez de que detrás del promotor del Eurovegas hubiera realmente capacidad inversora. Y Natalia Sánchez, secretaria general de la CEM, alude al riesgo de establecer privilegios para consolidar la inversión. «Si se flexibiliza la norma debe hacerse para todos, no romper con la libre competencia», afirma.