­Decenas de monitores administrativos de centros docentes andaluces afectados por la problemática abierta tras el anuncio de la Junta de Andalucía de asumir por medio de una oferta de empleo público sus funciones -unos 840 en total- participaron ayer en concentraciones convocadas ante delegaciones administrativas en Málaga, Cádiz y Granada, después de que el pasado 27 de diciembre celebraran una comida de Navidad frente al Parlamento andaluz.

Una de la portavoces del colectivo, Esther Porquicho, señaló que en torno a medio centenar de personas participaron en el acto y que el próximo 8 de enero, día en el que estos profesionales deberían reintegrarse a sus puestos de trabajo, volverán a producirse nuevas movilizaciones, esta vez en todas las provincias de la comunidad.

Por el momento, subrayan los afectados, la Junta se atiene al compromiso alcanzado en el sentido de que se ha paralizado el plan de choque que supondría dejar fuera a los que hasta ahora han venido desempeñando estas funciones, mientras se intenta encontrar con los sindicatos una fórmula para solventar esta problemática.

Por otra parte, el colectivo ha creado una petición en la plataforma digital change.org en la que solicitan la homologación inmediata de la titulación a través de la experiencia en los puestos como monitor escolar, consultada por Europa Press, que ya ha recabado más de 6.000 firmas.

De esta homologación, aducen, depende el trabajo de más de 800 personas que accedieron a sus puestos sin necesidad de esta formación específica en mayo de 2006 y que vienen realizando sus funciones en condiciones «precarias» a través de subcontratas, «que no les han pagado nunca más de cinco euros la hora trabajada, sufriendo impagos, retrasos, salarios muy por debajo de su categoría profesional y vulneración de sus derechos fundamentales».

«Tras llevar casi ocho años soportando esta situación, ven como la Junta de Andalucía toma las medidas necesarias para regularizar la situación de los puestos, tomando como principal premisa que estos trabajadores queden excluidos de dicho proceso», lamentan los afectados, para los que esta iniciativa supone «una clara represalia ante la petición de estos trabajadores de respetar las condiciones legales de contratación y no permitir más la precariedad del empleo en puestos de la administración pública».

El consejero andaluz de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, anunció ayer viernes que le gustaría «llegar a un acuerdo lo antes posible» con los sindicatos educativos en relación a la situación de los monitores, con quienes, según apuntó, está «abierto a la negociación».