Málaga registró casi tres manifestaciones o concentraciones diarias durante 2013

La caída es pequeña, diríase que mínima, y se explicaría, según CCOO y UGT, por la desafección de los ciudadanos hacia la clase política, que ha hecho del recorte su máxima durante el lustro y seis meses que dura ya la crisis económica y que ha alejado la tijera de sí misma.

Así lo cree Antonio Herrera, secretario provincial de CCOO, quien también destaca como importantes las manifestaciones de 2013 contra la reforma laboral, que, entre otras cosas, ha tenido el efecto de precarizar los puestos de trabajo. Si protestar es signo de cultura democrática, no es que ésta se haya reducido, «sino que existe una desafección de la ciudadanía hacia los políticos, pero no tanto hacia los sindicatos». Esa desafección «es peligrosa». Sin embargo, poco a poco se produce una toma de conciencia ciudadana que hace que la gente salga a protestar.

Herrera ve aquí muchos motivos para protestar «contra las políticas del PP»: los recortes en sanidad, educación o dependencia, la reforma laboral o la ley del aborto. En su opinión, la Ley de Seguridad Ciudadana se modifica «para que dentro de dos años no haya protestas contra las medidas tomadas». Para el líder de CCOO, «la gente está tomando conciencia contra el engaño y las estafas del PP», y vuelve al argumento que se suele utilizar contra los de Génova: que han traicionado su programa electoral.

En su opinión, «el derecho de manifestación está en peligro con la ley» y se busca atar en corto a los sindicatos.

Para Auxiliadora Jiménez, secretaria provincial de UGT, no se puede usar el argumento de la mayoría silenciosa. «Que te quedes en tu casa no quiere decir que estés de acuerdo con todo lo que hace el Gobierno». Es más, señala que el paro y los desahucios han sumido a mucha gente en la desesperación cotidiana, y ello impide que salgan a la calle a protestar contra los recortes de sus derechos.

«Muchos trabajadores caen en el desánimo, indignados. Es una mezcla particular, lamentablemente los recortes de derechos en dos años han sido brutales: laborales, sociales, etcétera...». Pese a todo, Jiménez ve una gran «capacidad de movilización». «Este año ha habido muchas manifestaciones y huelgas. Pero no se puede hablar de mayoría silenciosa para refrendar ciertas políticas», aclara. Jiménez cree que las formas de movilización social han evolucionado hacia, por ejemplo, el escrache o las concentraciones ante los desahucios. «Vamos hacia otros fenómenos, y cada vez preocupa más la desafección creciente hacia la política, es preocupante», señala.

El presidente de CSIF Málaga, Joaquín Pérez, ve también un efecto «desánimo» entre la gente, «pero, pese a todo, siguen manifestándose». «La manifestación es un síntoma de cultura democrática, la gente toma conciencia, quiere enterarse de lo que sucede a su alrededor. Desde luego que lo que no sirve es no manifestarse», precisa.

Bajo su punto de vista, la sociedad civil ha recorrido un camino muy largo desde la apatía anterior a la crisis a la combatividad actual, «pero, de cualquier manera, todavía queda mucho camino». La conflictividad, por tanto, habría caído mínimamente debido a que «la ciudadanía está cansada de protestar».

Sin embargo, Pérez es muy optimista. Cree que todas las mareas, la Verde, por la educación, la Blanca, por la sanidad, o la Violeta, para luchar por los derechos y la dignidad de las mujeres, y sus manifestaciones y actos de protesta en la calle, van a tener su repercusión en las próximas citas electorales, tanto en junio con las europeas, como las posteriores autonómicas y municipales y, más allá, las generales. «En las próximas elecciones se van a notar esas mareas ciudadanas».

Los ciudadanos están cansados de «que no haya consenso entre los dos grandes partidos políticos», y él cree que, sobre todo, lo que ha sacado a la calle a muchos han sido, en general, «los recortes de los servicios públicos». Según explica, «los cambios hay que hacerlos desde dentro del sistema».

De cualquier forma, lo que sí ha crecido, y mucho, son las manifestaciones y concentraciones que no contaron con el permiso de la Subdelegación del Gobierno: desde las 19 de 2012 a las 71 de 2013, lo que supone un crecimiento del 373%. Un aumento muy importante que para muchos explica la Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno, con multas desorbitadas, según algunas organizaciones ciudadanas, para reprimir precisamente el espíritu de huelga y de manifestación en una época en la que movimientos como el 15-M se diluyen poco a poco pese al relativo éxito inicial de su andadura.

Las protestas a lo largo de 2013 no han estado centradas en los recortes en educación, sanidad o dependencia, sino que también se ha protestado, por ejemplo, por la Ley de Tasas Judiciales, que encarece sobremanera el acceso a la Justicia, la Ley de Reforma de la Administración Local, que ataca con dureza la financiación de los ayuntamientos y, según CSIF, «deja vacío de contenido al 90% de los consistorios, o la famosa reforma laboral, cuya segunda parte ya prepara el Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de potenciar sus efectos. También hay mucho miedo en numerosos colectivos sociales por el hecho de que se pueda tocar, de alguna forma, el seguro de desempleo, único sustento para muchas familias. Incluso, recientemente se ha protestado por la Ley del Aborto, que reduce a dos supuestos los motivos de interrupción.

CSIF ha impulsado 45 acciones de protesta más otras tantas con distintos colectivos

Para radiografiar la actividad de protesta en Málaga no hay nada como ver la actividad de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que impulsó en 2013 45 actos de protesta entre concentraciones, encierros, manifestaciones, marchas y huelgas, más otros tantos que ha impulsado en colaboración con otras plataformas. La mayoría, asegura el sindicato, «contra los recortes al colectivo de empleados públicos de las diferentes administraciones». Un papel destacado han jugado en Isofotón. En cuanto a la Junta, recuerda CSIF que sus funcionarios van a ser los únicos que no perciban en 2014 sus pagas extra íntegramente, lo que se suma a la pérdida del 30% del poder adquisitivo desde 2009, lo que afecta en Málaga a 39.000 empleados públicos. En Justicia, CSIF se ha movilizado contra la Ley de Tasas y las políticas privatizadoras del Registro Civil y los recortes salariales; en educación se ha opuesto a la nueva ley, y en sanidad, la central, también muy activa, estima que se ha producido un ERE encubierto por el que han dejado de incorporarse 1.600 personas al servicio.