El exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y principal encausado en el caso Malaya contra la corrupción urbanística, Juan Antonio Roca, ha sido trasladado desde el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre a la prisión de Sevilla II, tras ser reclasificado como preso de segundo grado, un régimen de vida similar al que tenía como preventivo pero que sólo se otorga a quienes cumplen ya condena.
El primer grado es un régimen muy cerrado, que se aplica a presos violentos o peligrosos con delitos de gran alarma social o a terroristas. El segundo es el habitual: puede disfrutar, potencialmente, de 36 días al año de permiso; tiene derecho a dos bis a bis al mes, a una comunicación por cristales a la semana, a comunicarse con sus abogados, a recibir paquetes y a compartir celda con otros internos, además de a disfrutar una serie de horas de patio.
El cambio de cárcel no es anómalo: Alhaurín de la Torre, pese a su masificación, es un presidio para presos preventivos y Sevilla II lo es de cumplimiento. Fuentes penitenciarias aseguran que se trata de «un macrocentro ubicado en Morón de la Frontera inaugurado hace relativamente poco».
El régimen más laxo, o abierto, es el tercer grado, paso previo a la concesión de la libertad condicional y que permite a los presos, por ejemplo, pasar 48 días de permiso al año. En esta escala penitenciaria, puede darse una regresión de grado si hay mal comportamiento, violencia o intento de fuga. Cada paso adelante o atrás necesita del visto bueno de la Junta de Tratamiento de la cárcel, conformada por educadores, trabajadores sociales, juristas y psicólogos.
Roca cumple actualmente distintas condenas: la de Malaya, aún no declarada firme por el Supremo, de once años de cárcel; la de Minutas, ya firme, de cuatro años; la de Saqueo 1, firme también, de seis años y diez meses, y la de Saqueo 2, ocho años, que aún no ha sido confirmada por la Sala II del Alto Tribunal español.
Asimismo, tendrá que ser enjuiciado en la Audiencia Provincial de Málaga por los casos de El Pinillo (la Fiscalía le pide 15 años de cárcel) y Goldfinger (se juega ocho años de prisión), amén de tener aún en trámite de instrucción decenas de causas en los juzgados de Marbella, con especial relevancia de las que se investigan en Instrucción 1, más de dos decenas de procesos relacionados con convenios urbanísticos que perjudicaron al Ayuntamiento marbellí en los años del gilismo. Está por ver que se archiven las actuaciones en algunos casos o que la Fiscalía acuse, en otros.
De cualquier forma, Roca ingresó entre rejas en marzo de 2006, y desde entonces sólo ha visto la luz un corto periodo de diez días en abril de 2008, pues la Audiencia Provincial ordenó su regreso a la cárcel. En concreto, el próximo 29 de marzo hará ocho años en un presidio.
De momento, se le han sumado todas las condenas, pero su idea es acumularlas y cumplir el triple de la pena mayor impuesta, que podría ser el delito de malversación -seis años-, de tal forma que, en una hipótesis muy favorable, podría cumplir un máximo de 18 años entre rejas. Desde luego, ya le corresponde su primer permiso, pese a que la Audiencia Nacional se lo denegó el pasado mes de diciembre.
Tiene buena conducta, ha cumplido más de un cuarto de sus penas y posee domicilio radicado en Marbella y arraigo familiar en esa ciudad, además de que está satisfaciendo los 24 millones de responsabilidad civil del caso Saqueo 1 con el inmenso patrimonio intervenido en el caso Malaya, valorado en 220 millones de euros por la Fiscalía Anticorrupción, una cifra que corrigió a la baja la Audiencia Provincial, estableciendo su valor en poco más de 100 millones de euros.
Hay pánico a que se fugue, según diversas fuentes. De hecho, la Junta de Tratamiento de Alhaurín de la Torre siempre le ha denegado los permisos, y lo mismo parece suceder con el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Nadie se fía de El Jefe. En su entorno, y desde hace tiempo, recuerdan que ha sido el único preso español en agotar la prisión preventiva -cuatro años- por un delito económico, y él mismo recordó que no era como Santiago del Valle, el asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, el último día de juicio. En Alhaurín de la Torre estaba en un módulo de respeto, una dependencia mucho más relajada en un entorno carcelario en la que se encargaba de ver que ningún preso quedaba en su habitáculo a la hora de levantarse.
En Albolote (Granada), daba clases de alfabetización a otros internos, y ha dedicado en los últimos años innumerables horas a estudiar sus procesos hasta el mínimo detalle, de tal forma que podía recibir la visita de distintos abogados en una misma semana. Ahora lo lleva Rocío Amigo, quien ha recurrido la sentencia de Malaya al Supremo. Su lucha, además de la acumulación, es que su cliente pueda disfrutar, más pronto que tarde, de su primer permiso.
