Diecisiete guardias civiles serán juzgados a partir de mañana por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Málaga por supuestos cobros ilegales a los pasajeros del aeropuerto malagueño a cambio de agilizar u omitir trámites aduaneros en el control de equipajes.
Fuentes judiciales han explicado a Efe de que está previsto que la vista oral dure un mes, de lunes a jueves, aunque si fuese necesario se podría ampliar una semana más.
La fiscalía malagueña ha pedido en sus conclusiones provisionales la suspensión de los diecisiete guardias civiles por los delitos de cohecho, que para algunos agentes lo eleva a continuado, y también alternativamente lo sustituye por omisión del deber de perseguir delitos, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.
El fiscal solicita que la suspensión para empleo o cargo público sea de tres años y nueve meses en algunos casos y de tres años en otros, así como que paguen unas multas que oscilan de 30 a 600 euros.
En el escrito provisional también se acusa a un ciudadano de origen asiático por un delito de cohecho por haber dado supuestamente dinero a algunos de los agentes para pasar alimentos.
Los agentes, adscritos a la sección fiscal, supuestamente solicitaron de forma directa o indirecta a determinados viajeros de ciertos vuelos cantidades de dinero bajo amenaza para que los productos alimenticios que llevaban consigo pudiesen entrar por la aduana española.
El fiscal destaca que los familiares y amigos, sobre todo en la comunidad china, advertían a los viajeros de que tenían que traer un billete de 50 euros en la mano "a fin de evitar problemas con la Guardia Civil a su llegada al aeropuerto de Málaga".
Los imputados fueron detenidos el 12 de febrero de 2006, y durante la investigación se detectó que algunos de los agentes permitieron presuntamente la entrada en territorio español de algunos alimentos prohibidos por seguridad alimentaria, a causa de las alertas de fiebre aftosa y gripe aviar.
Algunos de los agentes imputados supuestamente también exigieron dinero a un matrimonio que traía alimentos de Noruega para su hija que vivía en España, pese a que las mencionadas prohibiciones no regían para ese país.
Pero los agentes no sólo pedían dinero para permitir el paso de alimentos, ya que, según el fiscal, otro pasajero de origen indio fue requerido para dar dinero a cambio de no retenerle prendas de ropa supuestamente falsificadas que portaba en su equipaje, y a otros viajeros paquistaní y asiático les exigieron dádivas para dejarles pasar unos dulces, y plata y cuero, respectivamente.
Durante la instrucción del caso, los guardias civiles han mantenido siempre su inocencia y algunos de sus abogados han asegurado a Efe que los agentes desde entonces están muy preocupados por su familia y desorientados por las acusaciones que pesan sobre ellos.
