14 de enero de 2014
14.01.2014
Instalaciones

El Gobierno cierra el depósito de drogas del puerto asaltado en 2011

Las instalaciones de Sanidad Exterior cambiaron de ubicación a finales del pasado mes de diciembre

14.01.2014 | 05:00
El depósito de Sanidad Exterior, el día en el que se conoció el robo.

El objetivo es guardar una pequeña muestra de estupefacientes para analizar y destruir el resto

El depósito de drogas del puerto de Málaga ya es historia. Las instalaciones de Sanidad Exterior en las que se almacenan las drogas incautadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para su análisis judicial han cambiado de ubicación, tal y como anunció hace unos meses el subdelegado del Gobierno de Málaga, Jorge Hernández Mollar. Con este cierre, que según fuentes de su departamento se hizo efectivo entre el 27 y el 28 de diciembre, el Ejecutivo cumple con una prioridad que nació en noviembre de 2011 tras el robo de 120 kilos de cocaína de la cámara acorazada del depósito. Poco después, una tormenta política puso en tela de juicio tanto las deficientes medidas de seguridad de las instalaciones como el protocolo de custodia de los estupefacientes desde que son intervenidos hasta que se destruyen, ya que al espectacular robo de Málaga se sumaron otros similares en Sevilla, Cádiz y Huelva.

Tanto es así, que el objetivo del Gobierno desde ahora será que las cantidades de droga que se almacenen sean mínimas y que la mayor parte se vayan destruyendo lo antes posible en las dos incineradoras que hay en Andalucía para este cometido. Esto supondría un salto muy importante en una provincia como Málaga, un punto caliente en el mapa del narcotráfico de la península en el que, sólo entre 2011 y 2012, se intervinieron hasta ocho toneladas de estupefacientes.

Pese a todo, las decisiones comenzaron a tomar forma en enero de 2012, cuando la Audiencia Provincial de Málaga comenzó a organizar reuniones con las principales autoridades de la provincia con el objetivo de acelerar la destrucción de la droga intervenida por los cuerpos policiales. La presencia en esas reuniones del subdelegado del Gobierno, el coronel jefe de la Guardia Civil, el comisario provincial de la Policía Nacional, el presidente de la Audiencia Provincial, los fiscales jefes de Málaga y Marbella y los jueces decanos de Málaga, Marbella y Estepona, da una idea de la preocupación en torno a un asunto que se abordaba desde el acuerdo marco de colaboración que proponían a nivel nacional el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas, el Ministerio del Interior, y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Un mes más tarde, en febrero de 2012, una de esas reuniones finalizó con una decisión importante. A través de la Comisión de Policía Judicial y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ordenaba destruir toda la droga almacenada sin identificar con más de cuatro años de antigüedad, logrando eliminar el importante excedente que no sólo se agolpaba en el depósito del puerto, sino en comisarías y cuarteles de toda la provincia.

Esto implicó que la Audiencia Provincial enviara oficios a todos los juzgados de Instrucción o de lo Penal, así como a las salas penales, para que informaran sobre el estado de los procedimientos en los que la droga tenga menos de cuatro años con la obligación de que los jueces contestaran en un plazo de dos meses.

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