El copago hospitalario no se se aplicará en Andalucía. La medida, que fue aprobada por el Gobierno central el pasado mes de septiembre, implica el desembolso por fármacos que se dispensan a pacientes en hospitales, pero que no se encuentran hospitalizados en dichos centros. El secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, acompañado por la parlamentaria andaluza, Remedios Martel, ha denunciado que esta medida supone un paso más en el camino hacia el sistema de sanidad privada que persigue el Partido Popular.

Los colectivos más afectados por el copago hospitalario, los pensionistas y los enfermos crónicos, verían como esta medida encarecería sus medicamentos en un 1,4%. Esto supondría una nueva pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta que las pensiones sólo subirán en un 0,25% en el año 2014. Hay que recordar que el Gobierno ya retiró en 2012 la financiación pública a 417 medicamentos, muchos de ellos de uso diario, como lo pueden ser jarabes para la tos, lágrimas artificiales, protectores de estómago étc. Según Heredia, el propio Gobierno ha admitido que “43 medicamentos han subido en el último año entre un 20% y un 50% , y otros 68 lo han hecho en más de la mitad”.

La entrada en vigor del copago hospitalario supondría la cuarta medida implantada para recortar el gasto sanitario, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno hace dos años. Pese a haber sido advertida por el Ministerio de Sanidad, el líder del PSOE malagueño ha afirmado que la Junta no aplicará este nuevo copago, “por estar totalmente en contra de cargar más gastos a los colectivos débiles”. También ha recordado “el continuo asfixio económico que sufre Andalucía por parte del Gobierno Central”. La orden gubernamental de implantar el copago ya ha sido recurrida por la Junta. Ahora mismo sólo se aplica en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Andalucía se suma así a una larga lista de comunidades que ya han avisado de que no impondrán esta nueva medida, como lo son Extremadura, Cataluña, Baleares, Canarias, País Vasco y Asturias. Algunas de ellas están presididas por el propio PP. "El caso más grave de sinsentido lo supone para el líder socialista, la reciente negación de aplicar el copago hospitalario por parte de Castilla y Léon", comunidad presidida por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Para Heredia, el hecho de que los políticos del PP, no acaten las órdenes de su propio Ministerio de Sanidad “es una tomadura de pelo y una auténtica barbaridad que subraya un comportamiento indecente”.

El líder de los socialistas malagueños también ha querido contraponer las medidas de ahorro que supondría la subasta de medicamentos en Andalucía, que ya ha sido recurrida dos veces por el Gobierno Central, con el posible ahorro que implicarían los recortes en prestaciones sanitarias implantadas por la ministra de Sanidad, Ana Mato.

Según Heredia, el propio Gobierno “ha admitido que sólo se ahorrarían unos 1,7 millones”, cuando la subasta de medicamentos en Andalucía “permitiría movilizar unos 200 millones de euros en los presupuestos generales, que se podrían emplear para llevar a cabo otros proyectos sociales”. Heredia no entiende la negación del Gobierno a que se celebre dicha subasta, y ha insinuado que “quizá se deba al temor de que una multinacional farmacéutica pueda aparecer en los papeles de Gürtel”.

El PSOE malagueño también ha querido valorar la disposición adicional al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, publicada en el BOE el pasado 26 de diciembre, que excluye de la cobertura sanitaria a los españoles que se encuentran fuera del territorio nacional durante más de 90 días. Para Remedios Martel, este nuevo decreto forma parte de las “políticas de acoso y derribo que promueve el PP contra aquellos, que por falta de perspectivas, han abandonado el país”.

También ha criticado “la falta de políticas de empleo activas de Mariano Rajoy, que hacen que cada vez sean más los jóvenes que tienen que abandonar su tierra y a sus familias”. Aunque fuentes del Partido Popular ya han dejado claro que todos los desempleados volverán a tener cobertura sanitaria, en el momento que pongan pie en territorio español, ahora mismo hay unos 45.000 malagueños que corren el riesgo de perder su asistencia, si no tienen un trabajo estable en el país al que han emigrado.

En definitiva, para los socialistas, las políticas de recortes del Partido Popular en materia de sanidad, persiguen un objetivo global, que no es otro que el cambio de modelo de “una sanidad pública y gratuita, hacia una sanidad privada y de pago”.