El abogado Alfonso Sell puso sobre la mesa el hecho de que los encausados ya han sufrido las correspondientes sanciones disciplinarias que rigen en la Guardia Civil. «Está suspendido -dijo, en referencia a su cliente-, ya se les ha aplicado el régimen disciplinario. Lleva suspendido de empleo y sueldo siete años», precisó el letrado. El caso estalló en 2006, y tuvo un primer intento de juicio, pero finalmente se dejó para que fuera el jurado popular el encargado de enjuiciarlo. Tras casi nueve años a la espera, los acusados están más cerca de la sentencia.