Varios guardias civiles acusados de supuestos cobros ilegales a los pasajeros del aeropuerto de Málaga han negado hoy haber participado en sobornos y han asegurado que en las imágenes en las que se les ve contando dinero, hacían el recuento de dinero de una peña.

Debido a ello, la fiscal del caso ha preguntado a los agentes los nombres y apellidos de los integrantes de la peña pero ninguno de ellos ha sido capaz de recordar a los compañeros que pertenecían a la misma.

Dichos guardias civiles han indicado también que se sienten nerviosos por ver entre el público que hay miembros de la Guardia Civil tomando notas en el juicio por lo que un representante del jurado a través del magistrado presidente le ha preguntado por qué y uno de los acusados ha respondido que no es legal.

Respecto a este extremo, aunque nadie le ha respondido a esta cuestión ello se debe a que el juicio es audiencia pública y se permite el acceso de cualquier público a la Sala.

Solo uno de los agente que ha declarado hoy ha reconocido que un pasajero le dio dinero -tras comprobar que en la grabación se observaba dicha imagen- pero ha indicado que se lo devolvió fuera de la sala y que por eso no está grabado.

Otro agente del instituto armado durante su comparecencia se ha quejado de los años que lleva sufriendo por su acusación "es una agonía", y ha insistido en que no se reconoce en las imágenes pese a que el fiscal mantiene que se le ve, a lo que el guardia civil ha contestado que han podido ser manipuladas las grabaciones y además ha denunciado que no se ha cotejado pericialmente.

En el banquillo de los acusados hay diecisiete guardias civiles acusados por supuestos cobros ilegales a los pasajeros del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol a cambio de agilizar u omitir trámites aduaneros en el control de equipajes.

El fiscal pide en sus conclusiones provisionales la suspensión de los agentes por los delitos de cohecho, que para algún agente lo eleva a continuado, y también alternativamente lo sustituye por omisión del deber de perseguir delitos.

El ministerio público solicita que la suspensión para empleo o cargo público sea de tres años y nueve meses en algunos casos y de tres años en otros, así como que paguen unas multas que oscilan de 30 a 600 euros.