A pocos meses para que se cumpla la nueva fecha límite de la Unión Europa, la Junta de Andalucía continúa sin hacer sus deberes con el saneamiento de las aguas de la provincia. Y eso a pesar de cobrar desde 2010 un impuesto específico en la factura que le ha reportado desde Málaga alrededor de 28,5 millones de euros, un dinero cuyo destino, en términos de inversión pública, sigue siendo un misterio. De las 47 obras planificadas como prioritarias para alcanzar el objetivo del vertido cero, el Gobierno andaluz no ha empezado ninguna y únicamente ha sacado a concurso y adjudicado cinco proyectos, sin que se advierta, además, de momento, la fecha de inicio de algunas de las actuaciones más urgentes como la depuradora de Nerja o la nueva estación de la capital.

Los datos proceden de un informe exhaustivo llevado a cabo por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, que, después de analizar las carencias de cada una de las comarcas, se pregunta por el uso del dinero del canon especial. Nada más que en los próximos tres años la Junta ingresará desde Málaga 86,2 millones por un impuesto aplicado a la factura del agua y además con carácter finalista, lo que quiere decir que su recaudación debe encomendarse de manera íntegra y directa al objetivo para el que fue propuesto. En Andalucía la cuantía a percibir asciende a casi 300 millones, sin que se hayan hecho grandes avances a nivel de infraestructuras. Y el tiempo se agota. El órgano colegial habla, incluso, de la necesidad de actuar con urgencia para evitar el daño medioambiental y, de paso, también las sanciones de Bruselas, que ya han abierto expediente a seis núcleos de población de Málaga -Arroyo de la Miel, Arroyo de la Víbora, Estepona-San Pedro de Alcántara, Alhaurín El Grande, Coín, Nerja y Torrox Costa-.

Si la Junta quiere driblar el tirón de orejas y rebasar el temido horizonte de 2015 con el conjunto de las aguas depuradas, deberá acelerar los trámites en la provincia. Especialmente si se tiene en cuenta que los tiempos de cada proyecto superan de media los 20 meses y en la lista de trabajos pendientes figuran todavía la mayoría del casi medio centenar de intervenciones presupuestadas en 393 millones de euros y consideras por el propio Gobierno andaluz como indispensables para satisfacer el objetivo del vertido cero.

El mapa de las deficiencias de Málaga no es homogéneo y mejora en la Costa del Sol, donde vive el 84 por ciento de la población con aguas razonablemente descontaminadas, aunque sin alcanzar en muchos casos los estándares de calidad que exige la Unión Europea. Medio siglo después de que el sector turístico reivindicara por primera vez un mayor cuidado en el circuito hidráulico, la provincia presenta un cuadro repleto de carencias, pero también de maquinaria inoperativa e instalaciones obsoletas. De los 53 EDAR de Málaga, un total de 41 funcionan con problemas. Además, se vierten aguas tóxicas a áreas de especial interés ecológico como Los Montes de Málaga y se cuenta con un interior alarmantemente desprovisto de infraestructuras básicas de saneamiento -la mitad de la población, más de 100.000 personas, vive en municipios que expulsan recursos sin depurar a las cuencas de los ríos Guadalmedina y Guadalhorce-.

En el caso del mal funcionamiento de las EDAR, el informe añade 7 estaciones que están inoperativas y una cuyo mecanismo se bloqueó tras las lluvias del pasado invierno. Hay también 5 antiguas y 17 que precisan mejoras, sobre todo, para soportar los saltos demográficos que registran algunas poblaciones durante el verano.

En la Costa del Sol la situación parece más amable y únicamente resta que se impulse la depuradora de Nerja para completar el inventario de grandes obras. Sin embargo, el estudio apunta también a proyectos que han quedado atrapados en el limbo de la crisis, como la ampliación de la depuradora de Guadalmansa, en Estepona, cuyas obras concluirán en 2014, según anunció esta semana la Junta.

Las denuncias del colegio ponen también el acento en casos como los de Coín, Alhaurín El Grande y Cártama, municipios todos ellos que a pesar de su tamaño no disponen de ningún tipo de EDAR y expelen sus aguas turbias a los cauces del Guadalhorce y de su afluente, el río Fahala. El colectivo recuerda que desde 2008 la Junta únicamente ha puesto en marcha pequeñas estaciones como las de Villanueva del Rosario, Alameda, Villanueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos, con un coste conjunto de alrededor de 6 millones de euros. Solventar los problemas de saneamiento del interior tendría un coste de 14 millones, alrededor de la mitad de lo recaudado con el impuesto específico en los dos últimos años. El informe recuerda que la depuración de las aguas constituye al mismo tiempo un asunto prioritario para «la supervivencia turística», además de una obligación cuya evasión está tipificada en el Código Penal como delito ecológico y contra la salud pública.