El juicio contra los 17 guardias civiles de la sección fiscal del aeropuerto acusados de pedir dinero a pasajeros por dejarlos entrar en el país a cambio de poder pasar el equipaje comenzó ayer. Primero, con las cuestiones previas, en la que se produjo una refriega entre la representante del ministerio público y las defensas, a cuenta de distintas pruebas; y, al final de la mañana, con la declaración de tres agentes encausados que sólo contestaron a su defensa, ejercida por el abogado José Luis Ortega, quienes negaron haber pedido dinero a los pasajeros.

En el escrito de acusación, la Fiscalía afirma que, en los meses finales de 2005 o a principios de 2006, los agentes de la sección fiscal del aeropuerto requirieron dinero por dejar introducir en el país equipajes, alimentos que no estaban prohibidos o comida que sí lo estaba, ropa, dinero o un ordenador. La situación era tal que los chinos que visitaban la Costa del Sol pedían a sus familiares que trajeran 50 euros a mano por lo que pudiera pasar al llegar al aeródromo.

Así, la Fiscalía pidió ayer que los tres primeros acusados en declarar pudieran ver el vídeo grabado que, supuestamente les inculpa, y en el que se puede observar cómo varios agentes registran algún equipaje o charlan con un ciudadano marroquí en una oficina más apartada, usada para hacer cacheos. La fiscal subraya que, en uno de esos vídeos, un funcionario le dice a un matrimonio noruego: «¿Qué puede hacer para facilitarme mi trabajo?», lo que sería una petición taimada de pago a cambio de dejarles pasar comida.

Los tres agentes afectados por esta sucesión de imágenes se negaron a declarar a las preguntas de la fiscal, pero no a las de su letrado defensor. Los tres dijeron no reconocerse en los vídeos, negaron haber cobrado jamás a un pasajero por dejarle pasar con su equipaje y tampoco vieron nunca que ninguno de sus compañeros pidieran dinero. Es más, dijeron sentirse nerviosos por ver entre el público a miembros de la Guardia Civil tomando notas sobre el juicio.

Antes, hubo una dura refriega verbal entre la fiscal y las defensas. La primera pidió que acudieran a declarar el entonces administrador de la Aduana y el teniente coronel que llevó el peso de la investigación. Aseguró que los funcionarios «se sacaban un sobresueldo a base de pedir dinero a los pasajeros», y a uno de ellos le dijo uno de los guardias civiles: «¿Qué puede hacer para facilitarme mi trabajo?». Con intención, afirmó que éstos se han negado durante la instrucción a hacer una prueba de voz y compararla con la de los vídeos.

Los letrados defensores atacaron duramente a la fiscal por pedir nuevas pruebas: en opinión de Ortega, «no hay ninguna prueba que sustente la acusación; eso es grave. ¿Fraude procesal? No, es un fraude de ley». Entre otras cosas, este abogado se quejó de que no se traiga a los pasajeros que supuestamente pagaron las dádivas para que hablen de lo ocurrido. «No hay testigos directos, sí indirectos». Entre otros, el exdirector de la Aduana, por cierto también uno de los principales investigadores de los casos Malaya o Pantoja.

Ortega se quejó también de que faltan el 85% de las grabaciones y de que los que grababan «ponían en marcha el aparato a su voluntad». «Es una cortina de humo». Una de las defensoras dice que su cliente ni siquiera aparece en los vídeos, pero «se ha hecho una cinta con los mejores momentos». «Nosotros tenemos que demostrar ahora que nuestros clientes son inocentes, se ha invertido la carga de la prueba», dijo, y añadió: «¿Qué delito ha cometido mi cliente: estar en el aeropuerto el 20 de enero?». Según precisó, a su defendido no se le puede ver en la cita.

Carlos Larrañaga, que representa a otro de los agentes acusados, niega los hechos y asegura que la acusación es difusa e indeterminada. «Para que exista este delito hay que tener un funcionario, un particular y el dinero, y aquí sólo tenemos al funcionario; no sabemos la cantidad ni quién dio el dinero». Todos se quejaron en general del largo tiempo de instrucción de la causa.