El establecimiento del canon autonómico de depuración ha tenido un efecto directo en la factura del agua de los ciudadanos de la provincia de Málaga. Entre los años 2011 y 2012 la Junta de Andalucía se ha embolsado casi 30 millones de euros por este concepto y la previsión es que hasta 2015 se recauden más de 86. En el conjunto de Andalucía la cuantía se eleva a casi 300 para ese mismo periodo. El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía expresó en abril del año 2013 sus dudas sobre la legitimidad del impuesto, especialmente después de que el Gobierno andaluz no haya cumplido con la contrapartida de la recaudación: el uso exclusivo de ese dinero para la financiación de obras en la comunidad relacionadas con la depuración de las aguas.
El canon viene acompañado en la factura común por un concepto de depuración que, según el colectivo, debería aplicarse en los municipios en los que se lleva a cabo el proceso íntegro; algo que lejos de eximir del cobro a los ciudadanos de dos o tres municipios compete en teoría a decenas. De las 101 localidades de la provincia, 42 carecen de depuradora y tendrían que abstenerse de exigir este pago. Lo que no es una fruslería para la economía doméstica de los afectados. En una factura tipo de 54 euros, el cobro del canon y de la depuración se eleva generalmente a alrededor de 13 euros. Los ayuntamientos cobran por los gastos derivados del ciclo urbano de agua, desde que se capta en los ríos o embalses, hasta que llega a cada uno de los domicilios y desaparece por el desagüe para depurarse y volver entonces al medio natural.
