Los padres del colegio San Patricio viven en una especie de montaña rusa desde que comenzó el curso. Unos cambios bruscos que se han multiplicado en las últimas horas. La noticia de que la fiscal de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual, Flor de Torres, ha archivado la investigación porque no ve delito ni infracción en la actuación del colegio, fue recibida con alegría y tranquilidad, a la vez. Sin embargo, que la Junta mantenga el procedimiento para retirar el concierto escama a las familias y les hace sospechar que se trata de una estrategia para reducir la demanda del centro.

Algunos padres han manifestado a La Opinión de Málaga su preocupación por este hecho, en vísperas de que se inicie el proceso de escolarización, cuando se piden las plazas y se renuevan las matrículas de cara al curso que viene. Es lo que piensa Susana, ya que, desde su punto de vista, la decisión de la Junta contradice a la tomada por la fiscal. «No me extrañaría nada que fuera una estrategia para crear incertidumbre en los padres para que no renovaran la matrícula por temor a no poder pagar el colegio si fuera privado, bajara la demanda y así poder retirar unidades concertadas», explica esta madre.

Antonio, otro padre de alumnos del colegio, coincide en esta apreciación e insiste en que la Junta de Andalucía se ha quedado sin argumentos para mantener abierto el expediente. Las familias temen que Educación incluya a su colegio en la lista de centros concertados a los que pretende retirar el concierto a toda costa, «y si no puede por este presunto caso de discriminación sexual, que ha quedado demostrado que no se ha producido infracción, sea por falta de demanda».

Los padres, por ello, se mantienen alerta. «Lo que no queremos es que nuestros hijos sean los perjudicados por esta situación», sostiene Desireé, otra madre preocupada. Por este motivo, insisten en ser recibidos por la delegada territorial de Educación, Patricia Alba. «Sin embargo, se niega a hacerlo. Le hemos dado de plazo hasta final de mes para hacerle entrega de las más de mil firmas que hemos reunido respaldando la labor del centro», añade Susana, que considera que este millar de apoyos es «suficientemente significativo» para que la delegada les haga un hueco en su agenda. En caso contrario, los padres anuncian concentraciones ante el Edificio Negro, sede de la Delegación de Educación.

Reducir conciertos

Y es que los colegios concertados andaluces vuelven a sentirse amenazados por la Junta de Andalucía, que reconoce que en la planificación para el próximo curso mirará con lupa la demanda en estos centros en un nuevo intento por suprimir unidades.

Los padres también saben que la familia del escolar con disforia de género no se ha dado por vencida y que mantiene su batalla porque el centro reconozca la identidad de género del menor y le permita ir a clase vistiendo el uniforme femenino, como recomienda la Junta de Andalucía en las instrucciones dictadas al principio de curso para respetar a este alumno y su condición.