Marisol Yagüe llegó a la alcaldía de Marbella en agosto de 2003, a lomos de una moción de censura firmada por ocho exconcejales del GIL, dos del PSOE y tres del PA. El 29 de marzo de 2006, estalló la operación Malaya, una investigación liderada por el juez Torres contra la corrupción en el seno de la corporación municipal. Este golpe policial fue el tercer intento de acabar con lo que sucedía en la ciudad tras dos investigaciones que quedaron en nada: una sobre subastas irregulares de coches intervenidos por la Policía Local, que naufragó en 2002 por la desidia de las autoridades municipales; y una segunda en agosto de 2003, cuando la Fiscalía abrió y cerró las diligencias en torno a supuestas irregularidades en la moción de censura. Lo que allí ocurría era un secreto a voces, como demuestra la salida a la luz de un documento de indudable importancia histórica: una moción presentada al pleno municipal en febrero de 2004 por el entonces líder del Grupo Mixto D, Javier Lendínez, luego huido un lustro de la Justicia y ahora a la espera de ser enjuiciado por Malaya y Saqueo 2.
La moción, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, está fechada por el registro de entrada del Ayuntamiento el 25 de febrero de 2004, y fue rechazada por el Pleno, presidido por los mismos que dieron el golpe de mano en el Consistorio. En el documento se pedía a la Fiscalía General del Estado que ordenara a la Fiscalía malagueña reabrir las diligencias de investigación sobre la moción de censura, acaecida seis meses antes.
Archivo de las diligencias
El documento da cuenta de que la Fiscalía archivó las diligencias el 6 de febrero. Javier Lendínez se fugó a finales de 2008, ya imputado en Malaya, y pasó cinco años en Indonesia para entregarse días antes de que se conociera la sentencia en octubre de 2013.
En el escrito, Lendínez no hace más que reflejar una serie de lugares comunes que iban de boca en boca en la Marbella de aquellos días, y se ataca, y mucho, a la Fiscalía: «Los ciudadanos de Marbella y San Pedro no acertamos a comprender cómo se puede archivar una investigación sin investigar». «Se ha dado tal cúmulo de manifestaciones, hechos acreditados y testimonios de personas que vivieron y participaron de hecho en la citada moción, que resulta inaudita la decisión de la Fiscalía de archivar la investigación», decía el entonces portavoz del Grupo Mixto D, quien asegura que, detrás de la moción, «hay claros indicios de que puedan existir intereses oscuros y particulares, y no meramente de incidencia política».
El papel de Roca
En la moción participa «decisiva y activamente Juan Antonio Roca», «empleado no político y mano derecha urbanística del anterior alcalde, Jesús Gil». Eso lo afirma, dice Lendínez, el entonces portavoz del PSOE, Silvestre Puertas, quien calificó a Roca en declaraciones a la prensa como «el jefe, el alma mater de la operación, entrando y saliendo de los despachos de la notaría a su antojo, reuniéndose durante un largo rato, en un despacho aparte, con Isabel García Marcos y Carlos Fernández», en referencia a la notaría donde se firmó la moción.
Al día siguiente del pleno, Roca «participó activamente en el reparto de las distintas delegaciones en el Ayuntamiento y en la composición del equipo de Gobierno». Otro indicio, consta en la moción, consiste en el testimonio de Puertas, quien se ha ofrecido en reiteradas ocasiones a la Fiscalía como testigo, «habiéndosele hecho caso omiso». Él fue uno de los firmantes de la moción pero luego se echó atrás. Se quejó Lendíndez de que no se ha citado a declarar a «ni uno solo de los concejales firmantes de la moción», y tampoco se escuchó al antiguo jefe de prensa de la Fundación Plan Innovación, Miguel Ángel Saiz, un proyecto, dice Lendínez, de la concejal Isabel García Marcos, «quien, además de haberse puesto también a disposición de la Fiscalía, ha afirmado en distintos medios que él participó, poco antes de las elecciones de mayo de 2003, de una reunión con un magnate británico, en casa y a propuesta de éste, junto con García Marcos y Carlos Fernández».
Encuentro en un chalé
En ese encuentro, el constructor anglo-israelí manifestó a los dos impulsores de la moción que «el exalcalde Julián Muñoz no era una persona recomendable para Marbella, que había que quitarlo y buscar un consenso, en el que se incluía a Roca, dando a entender que Muñoz ya no servía a los intereses que representaba». Tampoco, relata Lendínez en su moción, se citó a declarar a Saiz.
También se refiere al hecho de que no se haya investigado «ni diligente ni suficientemente el papel que pudiera haber desempeñado Jesús Gil en la interposición de la moción de censura, limitándose la Fiscalía a preguntarle por unas acusaciones vertidas por este individuo contra el exalcalde en un programa de prensa rosa.
«¿Y por qué no le preguntó por qué se reunieron un día antes los concejales firmantes de la moción en su propia casa para tratar el asunto? ¿Y por qué firmaron los concejales la moción cuando todavía pertenecían al Grupo Gil, del que el señor Gil es el presidente, ya que el pase al Grupo Mixto se lleva a cabo horas más tarde en el propio Ayuntamiento?».
Lendínez se hace más preguntas sobre el ya fallecido Jesús Gil: «¿Y si no tenía nada que ver, por qué ofrecieron la rueda de prensa posterior a la representación de la moción en casa del señor Gil y no en cualquier otro sitio? ¿Y por qué en esa rueda de prensa fue el señor Gil quien explicó las razones de la moción de censura y no cualquiera de los concejales firmantes de la misma? ¿Y por qué durante los 13 días que transcurrieron desde la presentación de la moción hasta la celebración del pleno, el señor Gil habló en multitud de medios de comunicación en nombre de los concejales firmantes de la moción y no lo hicieron éstos, que no hablaban pero tampoco desdecían a su jefe?»
En su opinión, la decisión de la Fiscalía «atenta gravemente contra los intereses de los ciudadanos de Marbella y San Pedro Alcántara». La moción fue rechazada y un año y medio después el juez Torres comenzó a investigar y en marzo de 2006 estalló lo que luego se conoció como caso Malaya.
