El equipo de gobierno del PP en la Diputación Provincial de Málaga ha impedido que se debatan en el pleno ordinario, celebrado este lunes, dos mociones de la oposición, una de ellas relativa a la reforma de la ley del aborto, impulsada por el Gobierno central -presentada por el PSOE- y la otra sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP a la Ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía -defendida por IU-.

El PP ha alegado que se trata de asuntos en los que el ente supramunicipal no tiene competencia, y sobre los cuales, por tanto, "no puede decidir". "El reglamento de organización y funcionamiento de la Diputación de Málaga deja claro que los asuntos que se tienen que debatir tienen que ser de competencia y de interés provincial", ha argumentado el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Salado.

A esa misma normativa ha hecho referencia el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, para defender que su moción "cumple escrupulosamente con el reglamento", que, según ha insistido Conejo, "en ningún momento excluye estos asuntos del debate del pleno, es más, lo único que plantea es que la Diputación debatirá asuntos preferentemente de competencia provincial, pero no exclusivamente". "Se ha presentado en tiempo y forma, y es una cuestión que esta Diputación puede debatir", ha apostillado.

En esta moción de urgencia, el PSOE pedía que la Diputación, a través de la Delegación de Igualdad, realice un estudio sobre el impacto que la reforma de la ley del aborto tendría en la provincia. Al mismo tiempo, han exigido al ente que inste al Ejecutivo central a que paralice la tramitación del anteproyecto.

Para los socialistas, éste es un asunto en el que la institución provincial "no puede permanecer al margen". "Se trata de un grave retroceso de más de 30 años, España se situaría como uno de los países más retrógrados de la Unión Europea en materia de aborto", ha advertido Conejo.

Así, los socialistas pretendían que el presidente de la Diputación y líder de los 'populares' de la provincia, Elías Bendodo, "no siga de perfil en el debate sobre el aborto, que su partido ha abierto sin que hubiera presión social mayoritaria, más bien la de un sector conservador que aspira a cercenar uno a uno los derechos de las mujeres". "Bendodo debe pronunciarse públicamente, porque la ciudadanía debe saber su opinión. Imita al Rajoy de las elecciones y miren ustedes por dónde ha salido", ha añadido.

Ante esto, Salado ha manifestado que "esta ley se tiene que debatir por los distintos grupos políticos es en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que es donde tiene que sufrir los cambios que sean necesarios para que salga con el máximo consenso".

"De lo que hay que hablar en la Diputación es de los asuntos en los que tiene competencia esta institución y que del debate del pleno se puede decidir y cambiar las políticas de la provincia de Málaga", ha sostenido el portavoz del PP.

En este contexto, el PP ha pedido a PSOE e IU que hagan "oposición constructiva", a la vez que los ha acusado de "buscar la política de la confrontación, de la foto fácil, del circo y la pandereta, porque no tienen un proyecto claro de lo que necesita la provincia".

Ley antidesahucios Por su parte, la moción urgente de IU sobre la suspensión de la Ley de la Función Social de la Vivienda, aprobada por la Junta de Andalucía, y ante la cual el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, instaba al equipo de gobierno de la Diputación para que se posicionase en contra de dicho "recurso de la vergüenza".

"El PP ha intentado ocultar y llevar en una especie de clandestinidad la presentación de este recurso, porque es muy duro explicarle a los ciudadanos que el PP se está posicionando del lado de las entidades financieras y de los especuladores, en vez de tomar partido por las familias que peor lo están pasando", ha afirmado la portavoz de IU en el ente supramunicipal, Antonia Morillas.

Según IU, en la provincia hay 1.325 expedientes activos dentro de las distintas medidas que contempla la ley antidesahucios. Así, según sus datos, la oficina ha paralizado 912 desahucios desde octubre de 2012.

Concertación Por otro lado, IU ha presentado una moción para solicitar al Patronato de Recaudación Provincial (PRP) la aplicación de unas bases reguladoras "que aseguren el acceso mediante criterios objetivos y con garantías del principio de igualdad a las subvenciones que se otorguen desde el PRP".

Del mismo modo, proponen que se cree un grupo de trabajo con representación de todos los grupos políticos para elaborar esas bases.

Según un estudio realizado por IU, el 87,54 por ciento de las subvenciones concedidas en 2013 por la Diputación Provincial -17,3 millones de euros en total- fueron a parar a Ayuntamientos gobernados por el PP, mientras que el 9,05 por ciento -1,7 millones- se destinaron a Consistorios socialistas y el 2,67 por ciento -529.560 euros- a los gobernados por IU.

Asimismo, el informe redactado por IU, refleja que el 70 por ciento de las subvenciones directas -13,9 millones de euros- han ido a parar a municipios mayores de 25.000 habitantes.

"Hemos podido comprobar que el recorte de cerca de 20 millones de euros en la Concertación, ha ido directamente a parar a las subvenciones que Bendodo distribuye y reparte con su dedo mágico", ha criticado Morillas, quien ha calificado la situación como "un atropello a los derechos de los vecinos que viven en los municipios pequeños, y de aquellos que no están gobernados por el PP".

Declaraciones del cardenal Por otro lado, el grupo socialista en la Diputación, ha presentado un ruego en el pleno instando a que el ente supramunicipal condene las declaraciones contra los homosexuales y las mujeres realizadas por el nuevo cardenal español y obispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián Aguilar.

"El cardenal afirmaba en una entrevista que la homosexualidad es una manera deficiente de manifestar la sexualidad, comparándola con la hipertensión. Incluso llegó a decir que muchos casos de homosexualidad se pueden recuperar y normalizar con un tratamiento adecuado", ha señalado Conejo, quien además ha reclamado a la Conferencia Espiscopal que "exija una rectificación al cardenal".

En la rueda de prensa previa al pleno, el portavoz socialista ha asegurado que "estas declaraciones discriminatorias y vejatorias contra las personas homosexuales y las mujeres, atentan contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución".

Otras mociones Por su parte, el PP ha llevado al pleno otras iniciativas. En la primera de ellas ha solicitado a la Junta de Andalucía que saque una nueva orden en el año 2014 para el arreglo de los caminos rurales en la provincia. "Es obvio que está despuntando mucho el sector agroalimentario en todas las comarcas de la provincia, y es necesario que las comunicaciones en esas zonas rurales estén en perfecto estado", ha defendido Salado.

Así, el equipo de gobierno ha especificado en dicha moción que en el reparto de subvenciones se tenga en cuenta prioritariamente el número de kilómetros que tiene el municipio de caminos rurales y el número de explotaciones agrarias y ganaderas.

También, en otra moción, ha instado a la Consejería de Gobernación de la Junta, a que "cumpla su palabra" y libere los fondos necesarios para la construcción del Parque de Bomberos de Nerja; a la vez que ha pedido al Gobierno andaluz que finalice las obras de la carretera A-355 -que es propiedad de la administración regional-, que "lleva más de tres años de retraso". Por último, el PP ha solicitado a la Unesco que declare los verdiales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.