El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga también llevará al pleno de este mes de enero, que tendrá lugar el próximo jueves, la polémica por la reforma del aborto impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Al igual que ya anunció IU, el PSOE presentará una moción para instar al Gobierno central a que retire "inmediatamente" el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, de modo que "no se continúe con su tramitación".
Así lo ha expresado la portavoz municipal socialista, María Gámez, quien ha insistido en que esa reforma "representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico" y "volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad".
"Afectaría, además, a su seguridad jurídica y a la de los profesionales del sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias", ha manifestado a Europa Press Gámez.
Según ha indicado, esta norma "no solo supondría un grave retroceso de más de 30 años para la legislación española en este ámbito y el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos y de libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sino que situaría a España como una excepción en toda Europa, donde en los últimos años ningún país ha legislado hacia atrás al respecto".
"Las mujeres españolas, sin embargo, sufrirán ese retroceso después de haber contado con una de las legislaciones más avanzadas, más seguras, con mayores efectos en la prevención de embarazos no deseados y que había conseguido reducir el número de abortos en el último año", especifica en su propuesta el PSOE.
Rechazo
Se insiste en la moción en la retirada del anteproyecto de ley aludiendo al "enorme rechazo social" que ha provocado entre "la ciudadanía española y europea y organizaciones sociales, profesionales y feministas". Además, tal y como se precisa, de "la aparición de declaraciones de miembros del propio PP discrepando de su contenido, incluidas algunas mujeres que ocupan cargos públicos".
De igual modo, se defiende que en la ley del aborto de 2010 "se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada".
