30 de enero de 2014
30.01.2014
Urbanismo

La Junta devuelve el urbanismo al primer plano de la regeneración económica

La propuesta de Susana Díaz de agilizar los trámites de los PGOU abre nuevas expectativas para un sector atrapado entre los demonios del pasado y la falta de crédito

30.01.2014 | 05:00
La provincia cuenta con un amplio stock de viviendas sin vender.

­La Junta de Andalucía quiere rehabilitar al sector de la construcción. Después de que la exconsejera de Obras Públicas y Transporte Concepción Gutiérrez, animada por los escándalos urbanísticos, decidiera apretar las clavijas al gremio, una decisión que muchos creen que hizo pagar a justos por pecadores, ahora la presidenta, Susana Díaz, vuelve a situar a la actividad en la sala de pilotaje de la economía y anuncia una nueva etapa de flexibilidad. Aunque sometida, eso sí, a controles de garantía y salud en el medio ambiente.

La mandataria andaluza sorprendió el martes en Marbella con el anuncio de un decreto que tendrá como objetivo agilizar la aprobación de los planes urbanísticos, de manera que las reglas del juego de cada municipio queden claras en el momento en el que se reactive la construcción. Una iniciativa en la que analistas, políticos y empresarios observan un gran contenido simbólico: por primera vez desde que se inició la crisis, la Junta, más propensa a demandar un cambio en el modelo productivo, se preocupa frontalmente por la resurrección del ladrillo. Y en un tono en el que incluso podría haber miga política, siempre y cuando sus intenciones choquen con las de su socio de gobierno, IU, que se ha movido urbanísticamente por una deriva mucho más conservacionista que de fomento de la obra privada.

El futuro plan de Susana Díaz, en cualquier caso, reconoce de manera explícita la importancia del urbanismo en la corrección de los problemas en los que se desangra la economía. Un sector cuyo protagonismo en la crisis es proporcional al que tuvo en la última época de bonanza, cuando representaba el 19 por ciento del PIB de la provincia –el turismo en la actualidad se sitúa en alrededor del 13–.

De los 284.000 parados que computa Málaga, aproximadamente 70.000 proceden de la construcción, que ha pasado en siete años de visar 45.000 viviendas por temporada a apenas 900. Unas cifras demasiado enflaquecidas como para que los portavoces del gremio no aplaudan la nueva hoja de ruta de la Junta. Aunque, con matices. Especialmente en lo que respecta a los tiempos. José Prado, presidente de la ACP, lo celebra, aunque reconoce que llega muy tarde. «Lo llevábamos pidiendo desde antes de la crisis. Se debía haber utilizado este periodo para resolver todos estas temas y evitar que cuando se vuelva a construir se produzca un cuello de botella», indica.

Prado recuerda que de los 101 municipios de la provincia, aproximadamente 80 aún carecen de un PGOU definitivo y, sobre todo, adaptado a la normativa territorial andaluza. Entre ellos, la mayoría de las cabeceras de la Costa del Sol, con la excepción de Málaga y Rincón de la Victoria. Un panorama que enmaraña el horizonte de un sector atrapado entre la falta de crédito y la caída del poder adquisitivo de los españoles. El responsable de la ACP señala, además, que la Junta actualmente carece de un plan social de vivienda y exige más inversión en obra pública para garantizar las infraestructuras y reducir la lista de desempleados.

Elías Bendodo, presidente de la Diputación y del PP en Málaga, considera el anuncio como un ejemplo más de esa política «de gestos más que de gestión» en la que a su juicio se mueve Susana Díaz. No obstante, aboga por profundizar. Especialmente, en lo que respecta al acoplamiento con dos planes que en su opinión chocan radicalmente con las necesidades del sector: el POTA y el decreto del litoral que prepara la Consejería de Turismo.

El recientemente nombrado nuevo líder de la patronal andaluza, el malagueño Javier González de Lara, cree, por su parte, que la Junta, con esta medida, atestigua una visión más evolucionada en cuanto a su conocimiento del tejido productivo andaluz. Además, opina que planes como el que se proyecta en el Gobierno andaluz contribuirán a romper con la demonización del sector. «El urbanismo ha sido injustamente maltratado, fue el chivo expiatorio de muchas cuestiones», indicó.

En una opinión parecida se expresó Natalia Sánchez, secretaria general de la CEM, que insiste en la importancia de despejar el horizonte y recuperar la seguridad jurídica. Un pilar, este último, en el que descansa la inversión.

Más cauto en su análisis es José Antonio Castro, parlamentario de IU, que prefiere esperar a que se conozca el contenido de la propuesta de Díaz. No obstante, insiste en que el año pasado ya se aprobó una medida para unificar trámites y facilitar la planificación urbanística, aunque de momento no se ha aplicado.

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