Alrededor de 6.500 malagueños siguen a la espera de que la administración les reconozca una prestación por la ley de dependencia. Aunque la mayoría aguarda la prestación económica por cuidados familiares, otros esperan el servicio de ayuda a domicilio, tener el derecho de acudir a un centro de día, poder ser usuario de una residencia o contar con teleasistencia. Y es que el parón del verano de 2012 con el real decreto provocó que numerosas personas quedaran en el limbo y sin los cuidados que precisan.
El 10% de estas personas espera entrar en residencias. La Junta de Andalucía tiene en Málaga más de 5.400 plazas concertadas para atención a personas con dependencia. De éstas, 3.600 son para personas mayores y 1.800 para discapacidad, según datos de la Delegación de Salud. Pero no todas están cubiertas y, lo peor, es que las asociaciones no saben cuántas están libres.
Así lo denuncia desde hace un año y medio el responsable de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez, que asegura que, a nivel estatal, el número de plazas en servicios residenciales para personas mayores en España es de 382.523 (de las que 130.424 son para personas en situación de dependencia), lo que supone 4,66 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. «El desmantelamiento de la Ley de Dependencia y la reforma local que amenaza el futuro de 567 residencias con más de 30.000 plazas dependientes de los ayuntamientos hacen presagiar un futuro de sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables».
Así, señala que, frente a estos datos, contrasta saber que el 10% de los enfermos crónicos generan el 55% de las estancias hospitalarias, y un 5% de estos enfermos representan ellos solos el 40% de todos los ingresos. «Las medidas de Mariano Rajoy además de desalmadas son antieconómicas, vale más atenderlos en hospitales que en residencias». Ramírez afirma que además de perjudicar al dependiente, se pierden empleos. «Por cada dos plazas de residencia se generan dos puestos de empleo. Eso en Andalucía supone 500 trabajadores».
Varias residencias confirmaron a La Opinión que hace mucho que no se cubren las plazas libres y que ha habido gente que ha tenido que irse a sus casas por el impago de ayudas.
El real decreto de julio de 2012 ha supuesto en dos presupuestos 300 millones de euros menos para esta comunidad, según los datos que maneja la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España. La Junta está aportando el 72% del presupuesto de dependencia y el Gobierno el 28%, cuando lo acordado era el 57% este último y el 43% Andalucía. «La financiación ha bajado, hay un recorte, verdaderamente es una medida antieconómica», lamenta, al tiempo que se congratula de que la Junta de Andalucía ha desbloqueado la ley que estaba «casi» parada. «Se ha establecido un objetivo que es mantener la tasa de reposición. Satisfecho, dice que en esta comunidad existe un porcentaje de atención superior al de la media española. «Se atiende a un 2% de los andaluces, la media española es de 1,5%, estamos muy por encima», asegura el también profesor de la Uma.
Además, la organización que preside presenta hoy en Burgos el XII Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, donde se darán a conocer los resultados y calificaciones de las comunidades de acuerdo a la aplicación de la Escala de Valoración y sus indicadores, así como las tendencias en cuanto al desarrollo y aplicación de la Ley en el último año. Según Ramírez, desde que Rajoy es presidente hay un total de 100.183 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones de la Ley de la Dependencia, pues ha pasado de más de un millón a 944.345 en diciembre pasado.
