El Ayuntamiento, por iniciativa de su concejal de Seguridad, Julio Andrade, ha propuesto una nueva vía para facilitar el acceso de los abogados a los expedientes de atestados sin necesidad de que tengan que pagar 20,44 euros por cada uno que soliciten, según prevé la ordenanza municipal que entrará en vigor el 15 de febrero.

El concejal explicó ayer que la propuesta planteada por el Ayuntamiento en una reunión con miembros de la Asociación de Abogados de las Víctimas (Adevi), entre los que también se encontraba el vicedecano del Colegio de Abogados, Damián Vázquez, pasa por habilitar un día a la semana para ofrecer vista de expediente de los atestados que permitirá que los letrados malagueños -previa solicitud-, puedan tener acceso a ellos sin coste alguno.

El vicepresidente de la Asociación de Abogados de Víctimas (Adevi), Manuel Temboury, tras la reunión indicó que su asociación valora «muy positivamente» el principio de acuerdo con el Ayuntamiento. Recordó que «es esencial que los primeros días después del accidente se tenga acceso a los datos básicos para poder empezar a trabajar, en favor del perjudicado».

Por su parte, el vicedecano del Colegio de Abogados, Damián Vázquez, que asistió también a la reunión, señaló que el Colegio ha salido a la luz pública porque consideraban que la tasa «era un incremento recaudatorio con respecto a las víctimas de accidente de tráfico, que les perjudica enormemente».

Valoró positivamente la propuesta municipal, aunque añadió que es necesario reuniones futuras entre el Ayuntamiento y el Colegio para buscar alternativas a este problema para dotar de asistencia, desde el punto de vista legal y médico, a las víctimas de accidentes.

Por ello, ambas entidades «deberán trabajar para conseguir una solución al problema que no perjudique a los ciudadanos que han sufrido un accidente», que deberá ser ratificada por las respectivas juntas de gobierno

En esa misma línea, Andrade explicó que ahora será necesario mantener nuevas reuniones para acordar el contenido del texto y realizar la propuesta formal a los órganos de gobierno de cada institución que deberán aprobarlo antes de formalizar un acuerdo entre todas las partes que podría materializarse en un convenio. Las otras vías de acceso a la documentación se mantienen vigentes: solicitud a través del juzgado, por la que no se cobra, o si hay abogados o compañías aseguradoras que quieren el informe, solicitarlo vía tasa.