22 de febrero de 2014
22.02.2014
Antonio Martín

El fiscal no ve delito en las obras del restaurante La Moraga

La actuación podría ser legalizable porque el uso turístico es compatible con el lugar en el que se ha realizado la reforma

21.02.2014 | 20:40
El restaurante La Moraga de Antonio Martín.

La Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Málaga no cree que el dueño de la mercantil que explota el restaurante La Moraga de Antonio Martín haya cometido los presuntos delitos de desobediencia y contra la ordenación del territorio, tras una denuncia. Es más, ordena archivar las diligencias informativas al entender que las obras de reforma y rehabilitación del local podrían ser legalizables si la Junta diera su autorización. El problema está, sobre todo, en la terraza del restaurante.

Junto a la denuncia se entregó una propuesta de resolución de expediente sancionador de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, de tal forma que el fiscal pudo comprobar que consta la autorización autonómica para iniciar las obras «de rehabilitación y reforma necesarias» como para asegurar el edificio. El 16 de julio de 2012 los agentes de Medio Ambiente visitaron el restaurante de La Malagueta y comprobaron que las obras «exceden» de las condiciones marcadas en el permiso.

El 26 de julio de 2012, se acordó la inmediata paralización de las obras en curso, decisión que se notificó a la letrada de la empresa y fue recurrida días más tarde ante la Junta. Poco antes se dictó una resolución de expediente en la que se concluía la existencia de una infracción a la Ley de Costas, lo que supuso una sanción de 29.983 euros, multa recurrida.

Dice el fiscal que las actuaciones podrían ser consideradas un delito contra la ordenación del territorio, pero advierte de que éstas «podrían ser autorizables si la Junta de Andalucía autorizase el uso de las mismas, puesto que el uso para aprovechamiento turístico es compatible con el lugar donde se han realizado las obras». De hecho, eso ha ocurrido varias veces.

El ministerio público añade en su decreto que el problema surge de la diferente interpretación de los hechos entre la administración y el empresario, y añade que para que exista un delito urbanístico debe haber «dolo». No se puede delinquir por imprudencia en este caso.
«Ello supone que ha de haber un conocimiento de la antijuricidad de la conducta y voluntad de quebrantamiento de la misma», dice, y eso aquí no ocurre. Tampoco hay desobediencia, porque para ello hay que resistirse a la autoridad de los agentes y ha de existir un requerimiento expreso para paralizar las obras.

En este caso, se requiere a una letrada de la mercantil, pero no estaban ni el encargado ni el promotor de las obras. Puede haber una infracción administrativa y que se determine una sanción, pero en ningún caso entra todo ello en el ámbito penal.

Hay que acudir, ahora, al ámbito Contencioso- Administrativo, y más estando las instalaciones ubicadas en zona de dominio público marítimo terrestre. «El presente caso es otro ejemplo más de una situación que se viene repitiendo en nuestras costas, donde se contraponen intereses particulares y públicos, confrontación que se pretende solucionar a través del Derecho Penal, olvidando que el mismo no es la solución a determinados problemas».

La acusación pública no ve delito ni en el dueño del restaurante ni en la actuación administrativa. «Otra cosa es que pueda parecer que la tramitación de los expedientes sancionadores pueda ser muy lenta», precisa. Por todo ello, se archivan las diligencias de investigación penal.
El empresario Miguel Narváez se mostró ayer satisfecho con la resolución y recordó que es «un conflicto administrativo, no un delito». Éste dijo defender con vehemencia que la terraza «se usaba hace cuarenta años y hay pruebas documentales de ello: hay anuncios de 1960 y fotos aéreas de los sesenta, setenta, ochenta y noventa».

Es más, señaló que «si tengo que cerrar la terraza así lo haré», pero para ello primero tendrá que resolverse el conflicto Contencioso-Administrativo. «La terraza está dentro del uso permitido», dijo.

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