25 de febrero de 2014
25.02.2014
Sociedad

Más de 34.000 malagueños necesitaron en 2013 ayudas para comer o pagar la luz

Más de 4.500 familias acudieron por primera vez al área de Derechos Sociales del Ayuntamiento

25.02.2014 | 05:00
La crisis ha hecho aumentar las visitas de los ciudadanos a los centros de servicios sociales municipales.

El presupuesto para 2013 fue de 3,2 millones de euros, un 27% superior al año anterior – Pomares critica que en Andalucía no exista la renta básica

­El área de Derechos Sociales del Ayuntamiento ayudó en 2013 a un total de 34.409 personas, un 18% más que el año anterior. En concreto, se atendió a a 4.558 personas que nunca antes habían pedido estas prestaciones, que en términos globales supuso un 13% del total. La mayoría necesitó ayudas económicas para pagar gastos básicos de alimentación, luz, ropa o vivienda.

El concejal de este área del Ayuntamiento, Francisco Pomares, recordó que entre 2006 y 2007 se daban entre 640 y 700 ayudas, lo que evidencia la alta demanda de los últimos años a causa del fin de otras prestaciones sociales como el subsidio de desempleo desde que comenzó la crisis. Si entonces el presupuesto para estas ayudas rondaba los 400.000 euros, en 2013 el Ayuntamiento de Málaga aumentó la partida hasta rozar los 3,2 millones de euros, un 27% más que en 2012, lo que según Pomares es una cifra «récord» muy superior a la dedicada en los años anteriores a la coyuntura económica actual.

Esta cuantía estuvo dirigida, fundamentalmente, a la atención y el cuidado de menores de edad, al pago alquileres o centros residenciales o a gastos derivados de las necesidades básicas familiares como alimentos, ropa o medicinas. También se suman a esta cifra los gastos destinados a apoyar los procesos de reinserción social.

Asimismo, durante al pasado año se realizaron un total de 68.251 atenciones, a través de los 11 centros existentes en cada uno de los distritos de la ciudad. Los que más demanda presentaron fueron Cruz de Humilladero, Centro y Carretera de Cádiz, con 800, 698 y 660 respectivamente.

«Se trata de ayudas de carácter extraordinario, transitorio y no habitual para ciudadanos que, debido a su falta de recursos, pueden verse afectados por problemas de convivencia y situaciones de emergencia o de riego de exclusión social», señaló Pomares, que explicó que pese al aumento en la cifra de atenciones, el Ayuntamiento no va a poner límites pues se trata de ayudas puntuales y de acompañamiento. De estas, un 67% se refiere a ayudas de necesidades básicas, es decir: alimentación, higiene, transporte, óptica u ortodoncia. Otro 17% responde a ayudas al alquiler –se concedieron a 142 familias con un presupuesto de 354.345 euros– mientras el 16% restante corresponde a ayudas puntuales para casos excepcionales, como compra de electrodomésticos, arreglo de humedades o reparación de vivienda en caso de catástrofes como incendios. «Queremos que el hábitat sea salubre y que esté lo más normalizada posible».

Por otra parte, el Consistorio dio 1.139 ayudas económicas familiares. Se trata de prestaciones temporales concedidas a familias para la atención y cuidado de menores de edad, para lo cual se destinaron 552.439 euros. En cuanto a las prestaciones económicas de inserción social, se desarrollaron un total de 627 estrategias técnicas para apoyar los procesos de inserción a personas o familias en riesgo de exclusión social, con un presupuesto de 595.223 euros. Derechos Sociales también gestionó prestaciones económicas de emergencia social, en concreto 256 con un gasto total de 332.730 euros. El 64% se destinaron al pago de alquileres ante desalojos judiciales o situaciones de ruina en las viviendas; el 17,5% correspondieron al pago de centros residenciales, y el 7,5% a reparaciones en los hogares.

Por su parte, se tramitaron 2.584 prestaciones económicas de apoyo a la convivencia y autonomía personal, que cubren la carencia coyuntural de recursos que dificultan la convivencia familiar, para lo que se destinaron 1,3 millones. Por último, desde el Centro de Acogida Municipal se concedieron ayudas por valor de 52.854 euros.

La directora del área, Ruth Sarabia, manifestó que un 70% de los demandantes de prestaciones fueron familias, seguidos de personas mayores y menores, mientras que a la hora de solicitar información estos grupos fueron los que más lo hicieron y, tras ellos, las personas con discapacidad y los inmigrantes.

Francisco Pomares mostró su preocupación por la dificultad para acceder a una vivienda, pues alertó de que muchos de los solicitantes no pueden hacer frente a alquileres normales y tienen que recurrir a viviendas mal adecuadas. «El entorno es fundamental para normalizar su situación», dijo.

Además, el concejal pidió a la Junta de Andalucía la que considera una reivindicación histórica: la renta básica. Así, criticó que comunidades como País Vasco posean una de 600 euros y la de Madrid de 400, por lo que criticó que en Andalucía no exista. Fuentes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales manifestaron a este periódico que estas ayudas verán la luz este año pues un grupo de expertos ya trabaja en ellas. «La garantía de ingresos mínimos no está asegurada en Andalucía», lamentó.

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