10 de marzo de 2014
10.03.2014

Los juzgados de lo Penal señalan juicios en 2016 por la falta de personal y el trabajo

Los trabajadores de Penal 1 mandan un escrito a la Junta para que se cubran tres bajas de su plantilla ante el colapso que sufre la oficina - El STAJ califica de "dramática" y "dantesca" la situación de este órgano

10.03.2014 | 05:00
Imagen de un juzgado de lo Penal de la capital. Algunos de ellos están, según los sindicatos, en una situación complicada por la avalancha de casos llegados con la crisis.

­Si se compara la situación de los 14 juzgados de lo Penal de Málaga con un enfermo, éste habría experimentado en el último año y medio una ligera mejoría, pero, según explica el secretario provincial del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), Juan Antonio Luque, el paciente sigue en la UCI. Como ejemplo, esta plataforma y CSIF se han hecho eco esta semana del momento que atraviesa Penal 1, con tres bajas en una plantilla de ocho personas, dos de ellas de larga duración, y con una avalancha descomunal de trabajo, un escenario que se puede extrapolar a muchos de los negociados que enjuician y ejecutan las sentencias de la delincuencia que causa mayor alarma social, la que abarca desde el trapicheo de droga a los delitos contra la seguridad vial pasando por hurtos, robos y pequeñas estafas. Penal 1, por ejemplo, señala juicios para 2016 y otras oficinas para 2015.

Es cierto que el pasado miércoles la Junta cubrió una de esas plazas de Penal 1 con un funcionario interino, pero los propios empleados tuvieron que enviar un escrito a la Delegación del Gobierno en Málaga y a la Secretaría General de la Consejería de Justicia e Interior para que la Administración autonómica se moviera. Las otras dos siguen sin cubrirse.

«Los funcionarios del juzgado ponemos en su conocimiento la grave y caótica situación que se está produciendo en la oficina», consta en el escrito. El sindicato STAJ dice que el órgano «se encuentra en una de las situaciones más dramáticas en el ya de por sí dantesco espectáculo que representa el estado de los juzgados malagueños». La baja por enfermedad de dos funcionarios –una de auxilio y otra de tramitación– se ha prolongado mes y medio, y una tercera es de hace pocos días, ya cubierta.

Los datos no dejan lugar a dudas: según STAJ, se están señalando juicios para 2016; en el último trimestre de 2013 había 590 asuntos pendientes de incoar y hay 530 procesos con preso. Por ello, esta central reclamó que se cubrieran las plazas y denuncia que se tarda entre dos y tres meses en sustituir a los funcionarios por interinos en todos los juzgados andaluces, lo que corroboran fuentes de la judicatura. CSIF también denunció lo que ocurre en Penal 1, y aseguró que, para cubrir vacantes, «se trasladan funcionarios de otros juzgados de manera provisional». En concreto, hay 17 bajas en Málaga de las que se han cubierto tres.

En Penal 10, según los datos aportados por STAJ, el horizonte es difícil también: hay entre 2.500 y 3.000 sentencias por ejecutar, y otras doscientas para incoar. Ahora se están señalando para juicio a lo largo de este año los expedientes que entraron en 2011 y 2012. Luque explica que hay dos funcionarios del servicio de apoyo de la Audiencia Provincial.

Es más, denuncia que en este órgano concreto «algunos delitos han prescrito». Son pocos casos, pero lo mismo confirma, aunque no haciendo referencia a esta oficina en concreto, el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá: «Lo que mata a los penales son las ejecutorias. Allí se ven delitos inferiores a menos de cinco años de prisión, precisamente los que más alarma social crean: robos, estafas, menudeo de droga y hasta algunos tipos de abusos». En su opinión, hacen falta más juzgados y oficinas especializadas en ejecución.

Los jueces, defiende, ven rápido los casos, especialmente los especiales como las causas con preso o las diligencias urgentes. Los primeros llegan a plenario en 15 días, y los rápidos por delito, en cuatro o cinco meses. «Se demora mucho la ejecución, porque, por ejemplo, hay que buscar dónde está el condenado, averiguar qué bienes tiene y hacer los oportunos embargos o subastas», aclara Alcalá. Para él, el problema de los penales «es crónico». «Se han dado casos de prescripción de penas, muy pocos eso sí», añade.

No obstante, hasta el líder del STAJ reconoce que «la litigiosidad penal ha descendido este año, sobre todo debido a la crisis, y ha bajado el número de ejecutorias, pero ninguno de los 14 negociados está en las cifras aconsejables de trabajo que manda el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es más, la mayoría lo duplica».

En su opinión, «el enfermo tenía 45 grados y ahora tiene 42, en Penal 10 hay casos prescribiendo; La idea es que los juzgados de lo Penal siguen en la UCI, en peligro de muerte». Se queja de que se ha mimado más a los juzgados de orden económico con la crisis, como los Mercantiles –en una situación cercana al abismo– y los Sociales, pero insiste en que aquí «se ventilan derechos fundamentales de los ciudadanos». En Penal 9, hay 1.346 ejecutorias pendientes, y casi 400 causas con preso. Se están señalando juicios para 2015.

El STAJ se queja de que las plantillas son cortas –ocho funcionarios frente a los diez de otros negociados–, y de que hacen falta más órganos, y acusa directamente al Ministerio de Justicia de no invertir y dejar las oficinas «colapsadas», y a la Junta, por no cubrir las bajas.

Fuentes de la judicatura matizan la situación, confirman que se tarda mucho en cubrir las bajas pero aseguran que los planes de choque del Decanato, por ejemplo, han logrado reducir las ejecutorias de 20.000 en 2008 a en torno a 12.000 actuales, y los señalamientos se han adelantado, «pero aún estamos muy lejos del punto óptimo». Hay dos jueces de refuerzo rotando por los órganos y cinco funcionarios quitando sentencias sin ejecutar. De camino viene otro plan de choque. Esta fuente reduce a un año el periodo que se tarda en señalar vistas ordinarias.

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