Los cambios de jefaturas obligan a hacer obras en Urbanismo a los tres años de inaugurarse

El edificio que alberga la Gerencia de Urbanismo y otras dependencias del Ayuntamiento de Málaga se inauguró en octubre de 2010 tras un costoso desembolso que superó los 30 millones de euros. Apenas tres años después, la remodelación de su estructura directiva, con cambios y modificaciones en más de 20 áreas, ha obligado a que las obras de reforma vuelvan al edificio para acometer remodelaciones que suponen abrir nuevos despachos, eliminar otros existentes o ampliar o reducir algunas secciones, todo ello por exigencia de los cambios directivos que se han producido.

Las obras aún no se han iniciado, y los cambios se limitan a traslados de personas y mesas, pero la gerencia ya ha anunciado que habrá que hacer reformas para abrir un despacho a uno de los nuevos jefes de departamento que no cuenta con él, y que habrá más obras para nuevas ubicaciones, pero que aún no están concretadas. En la mayoría de los casos serán obras menores de abrir o eliminar tabiques.

En todo caso el comité de empresa ya le ha hecho saber a la dirección de la Gerencia la obligación que tiene de informar previamente de las reformas que piense acometer ya que deben pasar por el comité de prevención de riesgos laborales.

La reestructuración de la estructura directiva de la Gerencia de Urbanismo ha dejado en 77 el número de jefaturas (una menos que antes), un número que supone casi el 25 por ciento del total de la plantilla que alcanza los 310 trabajadores.

De otra parte, el comité de empresa ha cuantificado en unos 20.000 euros el coste de la remodelación aprobada, un coste que se irá incrementado en los próximos años hasta alcanzar los 120.000 euros en 2017.

Ello se debe a que el plus que va asignado a cada jefatura se cobra en cuatro fases a razón de un 25% cada año, que se van sumando hasta completar el cien por cien al cuarto año. A esto habrá que sumar, añade el comité, «la mudanza, la remodelaciones de despachos, el derribo de muros y otras obras que aumentarán considerablemente el gasto de esta macroredistribución».

En el recurso presentado por el comité de empresa contra la resolución por la que se nombran y cesan a una veintena de jefes, se argumenta que dicha resolución debe ser anulada por cuanto «prescinde total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», según la Ley de Administraciones Públicas.

La resolución contraviene además el convenio colectivo, ya que, según el comité, no sigue el procedimiento establecido para el acceso a nuevas jefaturas, «ya que su cobertura está establecida por concurso».

Los nombramientos carecen también del informe con carácter previo del comité de empresa, que, según señala en su impugnación, no fue informado hasta varios día después de dictada la resolución.

En el escrito de impugnación e señala a su vez que este tipo de nombramientos deben contar con informes jurídicos y de la Intervención al tener una afectación económica.

Por todo ello, el comité de empresa ha anunciado que en caso de no ser atendido su recurso plantearán una demanda de conflicto colectivo por vulneración del convenio colectivo y paralelamente un recurso contencioso administrativo por su carácter ilegal al ir contra la Ley de Administración Pública.