Los chiringuitos quieren que la ley de Costas les conceda más espacio en las playas naturales

Apenas veinticuatro horas después de que el Gobierno decidiera dar a conocer su contenido y poner fin a las especulaciones, el reglamento de la ley de Costas, que desglosa y especifica la norma general, aprobada el pasado junio, no parece haber entrado con mejor pie que su texto matriz en el debate público. Ecologistas y responsables institucionales se apresuraron ayer a criticar muchas de sus cláusulas, que parecen inaugurar, de nuevo, una polémica de largo recorrido. Incluso en aquellos aspectos más en conexión con los intereses demandados por algunos sectores de la provincia.

Para los empresarios de playa, que esperaban con ansiedad el desarrollo del texto para superar la incertidumbre que pesa sobre los chiringuitos, el reglamento de la ley, que duplica la superficie máxima de las construcciones, resulta esperanzador. Sobre todo, indica Norberto del Castillo, presidente de la federación andaluza que agrupa al sector, porque recoge muchas de las propuestas planteadas por los propios empresarios al ministerio. Sin embargo, no todo son bondades para el colectivo, que estudia en estos momentos la posibilidad de plantear alegaciones.

En lo que respecta a las dimensiones que concede el nuevo texto para las playas urbanas, que en la provincia de Málaga se corresponden con la mayoría, no existen muchas divergencias. Costas apuesta por un tope que una vez sumados todos los elementos se sitúa en los 300 metros cuadrados, el doble del que figura en la normativa de 1988. Además, amplía la distancia mínima que debe mediar entre los establecimientos. Las discrepancias, no obstante, se trasladan hacia aquellos espacios que la ley cataloga como naturales, donde la legislación es más severa y fija un límite de 70 metros por estructura, con un máximo de 20 con cerramiento y siempre en material desmontable. Del Castillo entiende que esas medidas impedirán el funcionamiento ordinario de los chiringuitos. Especialmente, por su dispersión, que en este caso también es acusada. «Con 20 metros es imposible almacenar comida en un sitio aislado; lo único que se podrían dispensar son productos enlatados», puntualiza.

Las diferencias en torno a las condiciones que deben regir la actividad en las playas naturales formará, sin duda, parte del catálogo de objeciones que prepara el colectivo, que, no obstante, reconoce un paso adelante. Incluido en la incertidumbre que gravita alrededor de las licencias. La preocupación del sector en este punto señala ahora a la lentitud de la burocracia y los ayuntamientos, que, en muchos casos, acota Del Castillo, están priorizando la oferta económica por encima de la calidad a la hora de conceder licencias. «Se está convirtiendo en una fuente de recaudación y no se mira el funcionamiento, sino la aportación», precisa.

Al margen de la situación que concierne a los chiringuitos, el reglamento de Costas fue recibido con críticas a su conjunto por parte de algunos ecologistas y representantes públicos. El consejero de Turismo y Comercio de la Junta, Rafael Rodríguez, aseguró que todavía no conoce en profundidad su desarrollo, aunque expresó su temor al mantenimiento más que predecible del espíritu de la ley de junio. Una norma, esta última, que considera como un paso atrás y una amenaza a la protección del espacio público. «Nos preocupa que el reglamento vaya en la misma línea de privatización del litoral», dijo.

Las agrupaciones conservaciones también se mostraron agresivas con la norma. Greenpeace espera, incluso, que los tribunales la deroguen, porque, a su juicio, «privatiza de facto» el litoral. Pilar Ramos, especialista del colectivo, se quejó además del tratamiento técnico. «Se interpreta la costa como si fuera el Paseo de la Castellana, sin elementos cambiantes», declaró a este periódico.

Gonzalo Fuentes, de CCOO, coincidió con Miguel Sánchez, de CEA, en defender la idiosincrasia particular de los chiringuitos, si bien el sindicalista fue tajante con lo que interpreta como un error, la legalización, señala, de los excesos urbanísticos. «La ley es una barbaridad, se retorna a la especulación. Hay que buscar el equilibrio», indica.