16 de abril de 2014
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Actualizado: 01-04-20 11:37h
Operación abierta

La policía investiga un fraude millonario en los fondos de formación para parados

El montante de la estafa podría llegar a decenas de millones de euros y la UDEF ya ha informado a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, donde se inició un caso que se extiende a otras provincias – Las irregularidades fueron detectadas por la Seguridad Social

16.04.2014 | 05:00
Usuarios en una oficina de empleo de Málaga capital.

­Nueva macroinvestigación en Andalucía por fraude en el uso de los fondos públicos. Y en esta ocasión con ramificaciones en Málaga y en otras provincias y con unos indicios que apuntan a un caso de grandes dimensiones que podría dejar al descubierto el uso irregular de decenas de millones de euros.

Desde hace más de un año, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un posible fraude millonario en los fondos de formación para parados, actuación que hasta ahora se había centrado en Málaga, pero que se espera que también alcance en breve a las provincias de Granada y Almería. «La investigación se desarrollará en toda Andalucía en fechas muy próximas», explicaron a Efe fuentes de la investigación.

La UDEF ya ha remitido un informe previo a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga después de una investigación en la que se ha interrogado a empresarios, presuntos alumnos que no habían realizado los cursos, y miembros de la administración andaluza y de los sindicatos, según las mismas fuentes.

En principio, se investiga el fraude supuestamente cometido por los responsables de gestionar y otorgar los cursos de formación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que fue lo que activó la alarma y provocó la investigación dirigida desde la Comisaría Central de Madrid en colaboración con la Seguridad Social.

Precisamente, la primera denuncia la recibió la Seguridad Social y en ella se advertía de que había «numerosos cursos» en los que se incumplía el sistema de condiciones.

En Málaga, 15 empresas de la provincia estarían especializadas en impartir cursos a parados y supuestamente parte de estos ciclos formativos están siendo investigados, aunque hay otras empresas que, finalizados los presuntos cursos, se disolvían para eludir los controles, según las mismas fuentes.

Agentes de la Comisaría Central ya se han desplazado a Málaga para ayudar al interrogatorio de varias decenas de personas en la capital y distintos municipios, como Fuengirola o Vélez. Aunque la investigación «se encuentra muy verde», el montante de lo presuntamente estafado podría alcanzar decenas de millones de euros. De hecho, la Junta de Andalucía destinó más de 2.000 millones a cursos de formación en el periodo 2007-2013.

Por el momento, la investigación todavía no está judicializada. Según la información publicada ayer martes por El Confidencial, los años en los que se centran las pesquisas son entre 2009 y 2011, si bien otras fuentes llevan más atrás los años investigados. Según dicho periódico, los agentes ya han interrogado a más de 200 alumnos de cursos supuestamente fraudulentos, «pudiendo demostrar que la gran mayoría de ellos nunca participó en las formaciones o no reunía las condiciones para que los centros lograran ayudas públicas».

Los cursos de formación para parados han estado en el centro de la polémica en los últimos años, cuando éstos se han multiplicado y ha habido más demanda debido a la crisis económica. El pasado mes, fueron detenidas once personas en Madrid por un supuesto fraude en los cursos de formación de la patronal madrileña. Entre los arrestados en esa operación estaba el presidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, Alfonso Tezanos.

En Andalucía, la voz de alarma se dio a comienzos de este mismo año, cuando la Cámara de Cuentas emitió un informe de fiscalización de las subvenciones del SAE para la formación profesional y alertó de que había detectado numerosas irregularidades en dichas ayudas, advirtiendo de que en ciertos casos «podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables».

Se da el caso de que las competencias en materia de ayudas a cursos para desempleados cambiaron de manos dentro de la Junta de Andalucía el pasado año. Hasta 2013, estas competencias fueron responsabilidad de la Consejería de Empleo, algunos de cuyos anteriores dirigentes se han visto envueltos en el escandalo de los ERE. Ahora, es la Consejería de Educación la que está al frente de este ámbito.

En las subvenciones para la formación profesional para el empleo, el trabajo de la Cámara de Cuentas en las ayudas dirigidas prioritariamente a desempleados y a ocupados concedidas en 2009 y 2010, ejercicio que coinciden con los que está investigando desde hace un año la UDEF. El informe precisaba que se había examinado una muestra de 78 expedientes por importe de casi 280 millones de euros, representativa del 37% del total concedido en 2009 y 2010, de los que 55 correspondían a alguno de los planes o programas de la orden de 23 de octubre de 2009, 18 eran ayudas del Plan Memta, cuatro eran subvenciones nominativas y un expediente era una subvención excepcional.

El informe apuntaba que en ciertos casos «podrían derivarse responsabilidades administrativas y contables» debido a «los cursos para desempleados no incluidos en el fichero; la aprobación de modificaciones de las resoluciones de concesión por un órgano no competente; la concesión de ayudas por encima del importe máximo permitido; la imputación como subvencionables de gastos no elegibles, la no exigencia de intereses de demora en casos de reintegro; o la ausencia de justificación en las subvenciones nominativas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

En el informe se recogía un apartado específico relativo a las subvenciones nominativas y excepcionales. Las principales conclusiones sobre las nominativas indican que los presupuestos anuales de la comunidad contemplan créditos a UGT-A y CCOO-A destinados a infraestructuras para la formación, que en 2009 ascendieron a 1,35 millones de euros y 2,67 millones, respectivamente. En ese sentido, el ente fiscalizador apuntaba que la orden a la que alude «no prevé este tipo de objeto como subvencionable».

En cuanto al procedimiento de concesión de las ayudas, el informe de la Cámara de Cuentas señalaba que en 2009 y 2010 «sólo el 89% y el 36% de las ayudas, respectivamente, se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva», de forma que las subvenciones concedidas se instrumentan a través de convenios de colaboración y se abonan por el importe total sin necesidad de justificación previa.

Asimismo, la Cámara de Cuentas destacaba que el SAE no había elaborado un plan que recoja las actuaciones de seguimiento a realizar en las acciones de formación subvencionadas y que en Sevilla y Málaga solamente se realizaron en 2010 visitas de seguimiento al 10% y 33% de los cursos para desempleados, respectivamente.

Tras conocerse este informe de la Cámara, el Parlamento de Andalucía aprobó una iniciativa fiscalizadora presentada por el grupo de Izquierda Unida en el que se solicitaba extender el análisis de las subvenciones para cursos de parados a los años 2011 y 2012, «con el fin de conocer en mayor extensión temporal las actuaciones realizadas».

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