Andalucía reduce un 33% sus trámites para la autorización de actividades económicas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer martes el decreto de reducción de trabas administrativas para empresas anunciado por su presidenta, Susana Díaz, que prevé la eliminación del 33% de los procedimientos para la autorización de actividades económicas. Según explicó el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, la nueva norma, «pionera y sin parangón» en el conjunto de las administraciones y que responde al compromiso de investidura de Díaz, plantea la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes para eliminar 64 trámites vigentes a nivel autonómico.

Sánchez Maldonado defendió que el decreto, que se tramitará como proyecto de Ley, constituye un «primer paso» dentro del proceso abierto para reducir «trabas administrativas» y evitar que proyectos que puedan generar actividad económica y empleo se puedan quedar «en el cajón».

El decreto agiliza también el trámite de calificación ambiental en 36 actividades, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, consideró «positivo» el decreto, ya que «no se trata de la aprobación de un plan o de una estrategia, sino de una norma con alcance de derecho positivo que será inmediatamente aplicable». La CEA viene demandando desde hace tiempo una «desregulación de procedimientos» para facilitar la creación y gestión de las empresas y favorecer «la inversión y la recuperación económica en Andalucía».

No obstante, opinó que la norma podía haber sido «aún más ambiciosa», pues sectores como el juego o la construcción de campos de golf «continúan afectados por un alto grado de intervencionismo administrativo». Asimismo, apuntó que «se ciñe sólo a los procedimientos de la propia Junta, continuando vigentes otros muchos trámites que se desarrollan en el ámbito de la competencia estatal y municipal y que también deberían ser objeto de desregulación».

De Lara recordó que España sigue siendo un país con muchas trabas administrativas y recordó que, según el último informe del Banco Mundial, ocupa el número 52 de las 189 economías mundiales en cuanto a facilidad de creación y gestión de empresas. «En el anterior estudio era el 46, lo que revela incluso un retroceso. Hay que seguir trabajando para facilitar la actividad», reclamó.

De los 64 procedimientos recogidos en el decreto de la Junta, 23 son autorizaciones que se sustituirán por el trámite de declaración responsable, que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán. Todos ellos se suman a los 85 ya simplificados por la Junta desde 2011.

En mayor o menor medida, la norma considera que estas autorizaciones no están justificadas por razones de interés general o son innecesarias o desproporcionadas. Entre las que se simplifican o eliminan, las más numerosas corresponden a actividades de salud y servicios sociales, el medio ambiente y el juego y los espectáculos públicos. De este modo, se incluyen las relativas a la construcción o creación de centros de servicios sociales; el establecimiento de horarios especiales en hostelería de hospitales, aeropuertos y estaciones de servicio, o el uso de terrenos forestales.

El consejero destacó como otra medida novedosa la iniciativa «Andalucía emprende más» (@mprende+), un servicio de apoyo al emprendedor que se pondrá en marcha en el plazo de un mes para facilitar la creación de empresas de forma rápida y gratuita.

La Junta se compromete a reducir los tiempos y trámites para la constitución de un negocio y a correr con los gastos notariales y de registro. De este modo, se disminuirá de un mes a cinco días el trámite de constitución de una cooperativa; se impulsará la creación de Sociedad Limitada o Sociedad Limitada Nueva Empresa en un máximo de 48 horas, y en el caso de la autorización para las sociedades laborales se otorgará en tres días (frente a la media actual de tres meses). La norma establece 36 categorías en las que será suficiente la presentación de una declaración responsable para iniciar la actividad (por ejemplo, lavanderías, carnicerías o pescaderías de venta al por menor con una superficie inferior a 750 metros cuadrados o lavaderos de vehículos a motor con menos de 300).

Además, se ofrecerá el asesoramiento necesario para que los interesados se den de alta como autónomos en un día. De otro lado, el decreto recoge novedades relacionadas con la Calificación Ambiental y la figura de la «Declaración de Inocuidad» para actividades económicas a efectos de concesión de licencias municipales.