La Junta estrecha el cerco sobre la piratería turística con nuevas reglas para el alquiler

La Junta de Andalucía dio ayer un nuevo paso en firme para poner orden en la vasta oferta de apartamentos y habitaciones turísticas en negro que se arriendan en la comunidad. La Consejería de Turismo, en convocatoria de la mesa sectorial, y con el beneplácito de sindicatos y empresarios, ha aprobado el borrador del decreto destinado a romper con la clandestinidad y el limbo jurídico en el que operan miles de alojamientos, la mayoría de ellos en un régimen motivado tanto por la pillería como por la ausencia de un marco legal.

Con este proyecto, que estará listo en seis meses, el departamento que dirige Rafael Rodríguez persigue poner fin al intrusismo que cada año detrae de las cuentas del fisco más de cien millones de euros en la Costa del Sol. Y, sobre todo, dar la oportunidad para que los establecimientos que funcionan sin cobertura puedan regularizar su situación.

El decreto, el primero de estas características que se empieza a definir en Andalucía, donde hasta el momento fórmulas de hospedaje como los Bed and Breakfast están fuera de la legislación, se acompañará a partir de mayo de la creación de un registro obligatorio en el que deberán figurar todas las viviendas con expectativas de alquiler vacacional. Con la inscripción en el censo, la consejería se asegura en teoría un mayor control del mercado, ya que los pisos o habitaciones que se anuncien en cualquier tipo de soporte deberán acreditar su número de alta para evitar la multa de la legislación.

El pasado año se levantaron casi 700 actas de infracción en Andalucía por alquiler ilegal. El problema, que tiene desde hace décadas soliviantados a los agentes de la Costa del Sol, que consideran toda esta oferta como poco menos que una injerencia deshonesta y cancerígena para la economía local, resulta especialmente notorio en la provincia, donde se calcula que cada año se alquilan alrededor de 50.000 viviendas sin cumplir con los requisitos que marca la ley. Eso significa que el 20 por ciento de la oferta de apartamentos es clandestina y, por lo tanto, ajena a cualquier sistema homologado de control, ya sea en cuanto a los derechos de la clientela como de los propios trabajadores.

El consejero insiste en que la nueva norma, redactada a petición de los profesionales, no tiene una intención meramente punitiva. El objetivo es dar carta de naturaleza a todos los negocios que actualmente se mueven en un ámbito parecido al de la piratería. Y, de paso, modificar las reglas del juego para que todos los que se apuntan al turismo cumplan con unos estándares prefigurados de calidad y honradez fiscal.

La regulación del sector estaba pendiente desde que el Gobierno decidiera sacar a las viviendas turísticas de su modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU), que en un principio despertó la ira de las inmobiliarias, al plantear una reforma extraordinariamente restrictiva con todo tipo de alquiler temporal. La reacción del ministerio a las protestas fue recular hasta un proyecto de mínimos y lanzar la patata caliente a las autonomías. De momento, sólo Cataluña goza de una ley específica que acota las diferentes posibilidades de alojamiento turístico. Andalucía se suma ahora con un proyecto que parte con un gran respaldo social. «Llevamos tiempo negociándolo y es positivo para todos. Porque es una actividad que existe y que hay que ordenar», declara Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Para Gonzalo Fuentes, responsable autonómico del área en CCOO, una de las voces más beligerantes en los últimos años con la oferta ilegal, el texto plantea por fin batalla a una lacra que en su opinión se desarrolla en multitud de frentes: desde la mera fiscalidad -los apartamentos clandestinos no pagan impuestos ni dan de alta a sus trabajadores- a la imagen general del destino frente a la clientela -no existen contratos ni garantías de buen servicio-.

El documento validado ayer por la mesa de turismo determina el espectro de actuación de cada una de las tipologías de alquiler turístico y establece cláusulas destinadas a asegurarse que la explotación se hace conforme a la ley. Entre ellos, un límite por estancia que no podrá superar el mes en el caso de los apartamentos ni la de las habitaciones -a partir de ese periodo se interpretaría como arrendamiento urbano normal y no turístico-. Además, se incluyen tipologías turísticas no previstas por la legislación anterior como las casas-cueva o, incluso, las habitaciones triples o cuádruples.«Ninguna de estas modalidades representa ninguna nueva competencia para los hoteles; el público es distinto y en turismo, con exigencia de calidad, debe haber de todo», aclara Fuentes.

Según la asociación MLG de agencias inmobiliarias, el 80 por ciento de los propietarios que alquilan en negro estarían dispuestos a darse de alta en el registro de actividad turística. La oferta clandestina de apartamentos se ha convertido en los últimos años en un negocio fuera de la ley que mueva cada temporada en Andalucía alrededor de 150 millones de euros.