La Fiscalía ve indicios de delito en el reparto

­Demoledor decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía en el que afirma que hay indicios de delito en el uso de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para formación, en las que se han detectado irregularidades «numerosas, persistentes y graves». Este informe pone en cuarentena, en principio, la intervención del martes en el Parlamento del consejero de Educación, Luciano Alonso, que desveló que la investigación interna abierta por la Junta de Andalucía sobre la gestión de los cursos de formación profesional solo había encontrado por ahora cuatro expedientes, de 1.728 analizados, en los que ha habido fraude, por un uso no justificado de las ayudas.

Estos datos aportados por el consejero Alonso chocan además con el informe de la Cámara de Cuentas que incluía la detección de numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por casi 49 millones de euros sin «justificación alguna». El informe de la Cámara de Cuentas analizaba las ayudas a formación por valor de 798 millones de euros en los años 2009 y 2010.

Por ello, el fiscal superior, Jesús García Calderón, ordenó a su policía adscrita que investigara el contenido del informe de la Cámara de Cuentas, que censuraba que el 89% de las ayudas concedidas sólo en 2009 se hicieran sin «concurrencia competitiva». Tras un primer análisis del informe, la Fiscalía Superior decidió emitir ayer un decreto en el que busca poner orden en las investigaciones policiales y judiciales paralelas que se solapan ahora sobre los fondos de formación en la comunidad. Este decreto fue enviado ayer para su conocimiento a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal de Cuentas, a las fiscalías de Sevilla y Málaga, y a la Junta de Andalucía.

En el decreto se afirma que «las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquellas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos».

Las subvenciones, señala la Fiscalía, pueden generar responsabilidades penales «graves» por hechos ocurridos en distintas provincias de Andalucía, en algunas de cuyas fiscalías, como Sevilla y Málaga, hay investigaciones abiertas al respecto y en el caso de la provincia malagueña habría ayudas irregulares por valor de 1.722.558 euros.

En términos generales, la Policía Judicial señala «un manifiesto desorden» en la concesión de estas ayudas, detectándose por el órgano fiscalizador en los expedientes que han sido revisados y de forma continua una ausencia de justificación del gasto realizado. Además, pese a la importancia económica de las ayudas y su finalidad, «se habrían incumplido las numerosas recomendaciones que fueron realizadas en el año 2004 por la Cámara de Cuentas para el control de este tipo de ayudas, que no habrían sido implantadas por el organismo competente».

Dos líneas de investigación Sin embargo, la Policía Judicial indica que no puede hacer conclusiones acerca de la posible relevancia penal de los hechos, aunque valora la necesidad de llevar a cabo «exhaustivas comprobaciones», por cuanto deberían hacerse investigando cada uno de los expedientes fiscalizados. Pero, en opinión del fiscal superior, estas investigaciones deberían realizarse conforme a criterios objetivos de valoración en los que las irregularidades contables detectadas puedan configurarse, «en muchos casos, como indicios de la posible comisión de ilícitos penales».

En su informe, la Fiscalía Superior resalta dos aspectos concretos. En el primero alerta de las exoneraciones de la Junta a las empresas para justificar ayudas por 297 millones entre 2009 y 2010 (los dos años investigados) del total de 746 millones concedidos. Estas exoneraciones se sucedieron año tras año porque cada ejercicio las empresas, diputaciones y ayuntamientos solicitaban impartir nuevos cursos, pese a que la Junta no había comprobado que el gasto de los ya impartidos antes estaba justificado por completo. A pesar de esa falta de control, se seguían dando ayudas para nuevos cursos.

El segundo de los aspectos que resalta la Fiscalía Superior es cómo la fundación pública Faffe acumuló subvenciones por 50 millones poco antes de desaparecer y que no tuvieron «documentación justificativa». Según alerta la Fiscalía, la fundación se extinguió el 3 de mayo de 2011, subrogándose el Servicio Andaluz de Empleo en todos sus derechos y obligaciones, produciéndose «la situación paradójica» de que el órgano gestor de las ayudas se convierte en el receptor de las mismas, como consecuencia de la extinción del beneficiario.

Una vez que todas las fiscalías reciban el decreto en que se marcan las líneas de la investigación sobre las ayudas a cursos, es posible que afloren más investigaciones de las que se tiene constancia y que ahora están siendo investigadas en los juzgados de Málaga y Sevilla.

En este sentido, el propio consejero Luciano Alonso aseguró el marte en su comparecencia parlamentaria que la investigación interna no había hecho nada más que comenzar porque hay un total de 8.505 entidades que han recibido subvenciones para la formación profesional, documentación que se analiza «una a una». Alonso reconoció que la formación profesional «no ha estado a la altura» de lo que la comunidad necesita y anunció que había pedido el reintegro de más de un millón de euros a cuatro entidades, todas públicas, por el mal uso de los fondos: los consorcios de hostelería de La Cónsula de Málaga y de Benalmádena, el Centro de la Madera de Córdoba y el Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva), del PSOE, al que se le reclama casi 450.000 euros. Quedan por analizar miles de casos más, pues la Junta gestionó 2.326 millones desde 2007 hasta 2013 para ayudas en cursos de formación.