Municipal
IU lleva a la Fiscalía el concurso de Tabacalera por considerarlo "amañado"
El portavoz Zorrilla advierte de que se prepara una adjudicación "a la carta" para una empresa concreta y que hay "flagrantes irregularidades" en el pliego

Uno de los bloques históricos de Tabacalera. / Arciniega
La Opinión
El grupo de IU llevará a la Fiscalía el concurso para la cesión de Tabacalera para centro de formación de contenido digital, para que lo investigue al entender que «está amañado». El pliego de condiciones del concurso vulneraría la Ley de Contratos al eludir la constitución de la comisión de expertos, un órgano independiente para evaluar las ofertas, cuya constitución es obligatoria cuando los criterios de evaluación subjetivos superan a los de carácter objetivos.
El portavoz del grupo, Eduardo Zorrilla, explicó que para eludir la creación de la comisión de expertos se ha engordado la puntuación de los criterios objetivos dándole 30 puntos sobre 50 a la oferta del canon, cuando este es obligatorio, «es decir, por cumplir con una de las obligaciones del pliego, se conceden 30 puntos, dándole carácter de mérito a un elemento del pliego que jurídicamente es una obligación, ya que su incumplimiento conllevaría la exclusión de la licitación».
Para el portavoz de IU, «nos encontramos ante un fraude de ley», toda vez que «mediante un subterfugio, en este caso con un criterio artificioso, se debilita e, incluso, se anula la imparcialidad» del Ayuntamiento de Málaga en este concurso público.
Según añadió Zorrilla, «no solo es que el alcalde, Francisco de la Torre, haya anunciado antes de la convocatoria del concurso que en los pabellones de Tabacalera se iba a instalar un centro de la empresa U-Tad y que esta adjudicación esté diseñada a la carta para esta empresa, sino que, además, «existen flagrantes irregularidades en el pliego de condiciones».
Además de la solicitud a la Fiscalía de Málaga para que abra una investigación, Zorrilla anunció que IU pedirá un informe de la Secretaría General y que el Ayuntamiento requiera un dictamen de la junta consultiva de contratación, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda y que tiene autoridad para dilucidar en esta cuestión.
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