­La Unión Federal de Policía (UFP) está preparando una querella contra el alto mando de la Comisaría Provincial de Málaga para saber si existe algún tipo de responsabilidad en la muerte del agente Francisco Díaz, asesinado la semana pasada por un indigente que presuntamente le atacó con un arma blanca en la Carretera de Cádiz. Según explicaron ayer fuentes del sindicato al que pertenecía el fallecido, el objetivo de la querella no es otro que «depurar responsabilidades» si las hubiera y saber por qué no se suministró a la víctima y a otros agentes los polémicos chalecos antitrauma y antibalas, cuyas carencias ya habían sido denunciadas por este sindicato a finales de 2013. Aquella queja, remitida al presidente del Comité de Seguridad y Riesgos Laborales de la Jefatura Superior de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental, destacó la ausencia de numerosas prendas de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) en la que trabajaba Díaz, «como uniformes de motocicleta talla L, cascos de motocicleta talla L, guantes de motocicleta talla L y M, pantalones de uniformidad talla L y M, botas de diferentes números, chaquetas de uniformidad L y M, chalecos antibalas, etc».

La UFP apunta que la querella, que iría dirigida al comisario principal Pedro Garijo por ser el máximo responsable de la Comisaría Provincial, se encuentra a la espera de los datos que pueda aportar «la información reservada abierta» por la propia comisaría tras conocer que el sindicato ha adoptado medidas judiciales. Mientras tanto, a los responsables de la organización sindical sí les consta la existencia de chalecos en la Comisaría Provincial, pero no el número, las tallas ni la administración o no de los mismos.

La semana pasada, la UFP y la Confederación Española de Policía ya denunciaron que el agente asesinado no llevaba el chaleco, lo que hubiera evitado su muerte «porque su unidad no los tiene». Los responsables del CEP explicaron que «la tristeza no puede nublar el juicio y ocultar un hecho gravísimo», que es que «algunos de sus responsables se han olvidado de lo más importante: la seguridad de los policías». «No podía llevarlo porque la UPR de Málaga no los ha recibido», insistieron.

La investigación sobre la autoría del vídeo en el que el presunto asesino del agente es grabado por un hombre mientras lo insulta en el Hospital Clínico está prácticamente resuelta. Fuentes cercanas al caso aseguran que las pesquisas han identificado al presunto autor del vídeo, cuyo archivo se difundió como la pólvora el fin de semana a través de las redes sociales. Según todas las fuentes consultadas se trata de un policía nacional, una de las principales hipótesis que manejaban los agentes de Delitos Tecnológicos, puesto que el vídeo fue grabado con el presunto asesino ya bajo custodia y, por tanto, en un lugar donde sólo tenían acceso policías y sanitarios. A pesar de que unas fuentes dijeron que el agente fue detenido el sábado y puesto en libertad con cargos y otras que sólo fue imputado, la versión oficial de la Comisaría Provincial fue tan poco transparente como esta frase: «Todo lo referente a esa investigación se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial».

En todo caso, el agente podría enfrentarse a una dura pena según el Código Penal, cuyo artículo 175 reza: «La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 4 años».