Junta y Ayuntamiento han entrado en disputa por la ocupación del inmueble de calle Palestina que durante años fue sede de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
El inmueble es propiedad de la Junta de Andalucía, que lo tiene cedido al Ayuntamiento en alquiler desde 1983 a un precio de 1.117.018 pesetas (6.729 euros) para uso de los servicios técnicos municipales.
Una vez que la Gerencia de Urbanismo se traslada a su flamante sede del Paseo Antonio Machado, la Junta y en concreto la Consejería de Fomento requirió al Ayuntamiento para que pusiese el inmueble a disposición de la Junta.
El propósito de la Consejería de Fomento era instalar allí su sede y de esta manera eliminar los costosos alquileres que abona ahora, según explicó el delegado de Fomento Manuel García Pelaez.
El Ayuntamiento, según el relato de García Peláez, «ha venido haciendo caso omiso a estos requerimientos y dando la callada por respuesta»
Desalojo
El último requerimiento tuvo lugar el pasado 26 de mayo. La Junta daba al Ayuntamiento un plazo de 10 días para proceder al desalojo y en caso contrario se procedería a la ejecución forzosa de la ocupación.
El plazo transcurrió y no hubo desocupación ni desalojo. Finalmente, explicó García Peláez, «el Ayuntamiento ha pedido negociar una salida negociada y nosotros hemos aceptado sin reserva».
La Junta reprocha al Ayuntamiento su «silencio» es este asunto y sus «maniobras» para mantener la ocupación pues «cuando le hicimos el primer requerimiento el local estaba vacío y fue entonces cuando decidieron volver a ocuparlo con varios servicios públicos».
Finalmente Peláez le reprocha al Ayuntamiento su actitud de no dar la cara en este asunto hasta tal punto que «hemos tenido que llegar al requerimiento de desalojo para lograr que se sienten a hablar sobre un edificio que no es suyo, sino de la Junta».
Los responsables municipales, por contra, hablan de que «nos quieren desalojar» y «desahuciar a los ciudadanos que realizan allí sus actividades, e incluso a la Orquesta Filarmónica, que es un consorcio de la Junta», según señalaron ayer los concejales Mario Cortés y Francisco Pomares.
Ambos concejales, que silenciaron la petición municipal de negociar una solución sobre el inmueble, anunciaron por contra que la junta de gobierno local acordó ayer interponer un requerimiento previo al recurso contencioso-administrativo ante la Junta de Andalucía contra el requerimiento de la administración autónoma que ordena el desalojo de los locales de calle Palestina.
Pomares y Cortés cargaron contra los «métodos» de la delegación de Fomento que pretende desalojarlos «sin requerimientos y sin negociación» y rechazaron esa pretensión asegurando que no están dispuestos a abandonar el inmueble ni a la suspensión del contrato y que «iremos al juez si es necesario».
Los concejales explicaron que habían ofrecido a la Junta permutar el inmueble por una o varias parcelas, algo que fue reconocido por García Peláez que sin embargo reiteró que lo que quieren es recuperar el inmueble para no tener que pagar alquileres.
