30 de junio de 2014
30.06.2014
Hostelería

Un convenio entre cuchillos

Patronal y sindicatos intentarán el próximo miércoles llegar a un acuerdo sobre la bocina y disipar la amenaza de huelga en la hostelería

30.06.2014 | 00:06

Luce el sol y resplandecen las estadísticas. Casi como en ninguna otra parte. Y, además, en un contexto, el español, lanceado por la crisis. Después de varios años de titubeos, la Costa del Sol ha puesto el pie en el acelerador y se ha instalado en el corazón de la fiesta turística. Desde mayo de 2013, los récords se suceden. Y nadie, ni siquiera los más pesimistas, dudan de que este verano culminará con un nuevo motivo de alegría. La tendencia, alimentada por previsiones cabales, parece infalible. Sin embargo, en las últimas horas ha empezado a enconarse un problema interno que, de no resolverse, podría dar al traste, y por implosión, con las mejores perspectivas.

La provincia tiene menos de una semana para resolver los problemas surgidos en torno al convenio de hostelería. O más concretamente, una reunión, la del próximo miércoles, que es la fecha límite que han dado los sindicatos después de que la última cita -la del pasado25 de junio- finalizara sin acuerdo definitivo. El ultimátum está claro: o se acercan las posturas o CCOO y UGT acudirán a su asamblea unitaria, prevista para el 4 de julio, con la intención, penosa para la provincia, de convocar un calendario de movilizaciones. En el peor de los escenarios, y según las organizaciones sindicales, podría haber protestas en julio y huelga en agosto.

El riesgo es severo. Un movimiento en falso en pleno verano como el que se presume equivaldría a torpedear la salud, ya renqueante, de la economía de la provincia. La negociación afecta directamente a 60.000 trabajadores, pero sus consecuencias reales rebasan ampliamente ese número. Sin camareros o cocineros resulta complicado mantener en funcionamiento a la industria turística. Y más en un momento en el que la calidad del servicio representa el gran aval para mantener a los miles de turistas que llegan desviados de otros destinos en conflictos.

Las partes creen que hay margen de maniobra para una solución. Pero nadie niega que las diferencias son profundas, a pesar de que en la última reunión la patronal dio marcha atrás con algunas de sus medidas. A principios de enero, los empresarios decidieron impugnar el convenio anterior porque entendían que era necesario ajustar las reglas del juego a la reforma laboral y poner en liza un sistema más flexible y acorde a los saltos de demanda que se producen en el turismo. Sus propuestas, no obstante, han tropezado con la oposición frontal de los trabajadores, que no quieren ni oír hablar de nuevos sacrificios. Especialmente, insisten, después de que el sector haya retornado al crecimiento y dejado atrás la crisis.

Las discrepancias se concentran en dos puntos: la distribución de las horas de trabajo y la subida salarial. En el primer caso, destaca la introducción de una nueva cláusula heredada de la reforma del Gobierno. Hasta ahora, el convenio planteaba la obligatoriedad de cumplimentar 1.080 horas al año, con una distribución rígida que tenía sus límites en las 40 horas semanales y las 8 de la jornada prescriptiva. Con la aprobación del documento, se abre la puerta a una disposición del tiempo más elástica, que la patronal quiere utilizar en una proporción equivalente a más del 10 por ciento del total por ejercicio. Eso significa que los empresarios podrían jugar con el reparto de un número considerable de horas extra sin remunerar, aunque con el compromiso de compensarlas con descanso en fechas posteriores.

Para los sindicatos esta iniciativa resulta en la práctica perversa. Argumentan que en un mercado como el de la Costa del Sol, en el que muchos hoteles desisten de trabajar en invierno, el exceso de horas a la carta serviría para atiborrar la jornada de verano y frenar la contratación de eventuales, que eran los que entraban en escena para cubrir los picos de exigencia de la temporada alta turística. Con un porcentaje alto de la distribución del horario en su poder, insisten, el empresario podría decretar jornadas maratonianas e incluso desplazar en la práctica los descansos semanales de dos días. «Sería reventar a los trabajadores sin nada a cambio», puntualiza Mónica Palomo, de UGT.

El pensamiento de los empresarios, obviamente, está en las antípodas. La desregulación de la jornada entronca con uno de los motivos principales que inspiran el cambio de convenio; insisten en que no adecuar los horarios al ritmo de funcionamiento de la demanda resultaría claramente perjudicial para los intereses colectivos.

El siguiente punto de discordia, no menos candente, es el de los salarios. Los sindicatos, animados por el precedente de Baleares, donde se ha aprobado una subida del 4,5 por ciento a aplicar en un margen de 4 años, demandan llegar hasta los 5 puntos de incremento en algo más de un trienio. Una reivindicación que justifican en la buena marcha del sector -que crece, incluso, con mayor fuerza que las islas- y en la presumible evolución de la economía. «Aun con lo que planteamos, estaríamos por debajo del aumento real del IPC y, por lo tanto, perderíamos poder adquisitivo», indica Gonzalo Fuentes, secretario autonómico de Turismo en CCOO.

Otra de las novedades que aporta la reforma laboral y que está, sin duda, de fondo en la negociación es que la aplicación de la norma suprime de un plumazo el plazo de prórroga automática de los convenios. A partir de ahora, si transcurren doce meses y no se alcanza un acuerdo, el convenio se da por derogado y los trabajadores pasan a regirse por la legislación general. O lo que es lo mismo, por el Estatuto de los Trabajadores, mucho menos generoso en las condiciones de partida. En Málaga han pasado algo más de cinco. Pero los plazos se agotan. Una reunión, la de la próxima semana, marcará en gran medida la suerte económica de la provincia.

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