El eMule, un programa de intercambio de archivos, era el rey para los ciberpedófilos. Usándolo intercambiaban vídeos e imágenes de pornografía infantil entre ellos, y todo quedaba registrado, por lo que los policías y los fiscales tenían continuamente la lupa puesta en este sistema para cazar a estas personas. Sin embargo, la comunidad ciberpederasta se ha tecnificado y ahora guardan e intercambian su material a través de la nube o se ocultan tras IP falsas -número de identificación personal que asignan los servidores a cada usuario cada vez que se conecta-, lo que dificulta sobremanera su captura. Esto ha supuesto que haya menos procesos judiciales de pornografía infantil en 2013 respecto a 2012, y la tendencia sigue en lo que va de 2014.
Según datos del Servicio de Criminalidad Informática (SCI) de la Fiscalía Provincial de Málaga, en 2012 hubo 26 procedimientos judiciales relativos a corrupción de menores o pornografía infantil cometidos a través de la red, un número que en 2013 cayó hasta los 15 procesos, lo que supone una caída del 42,3%.
El fiscal delegado del SCI, Jacobo Fernández-Llebrez Castaño, achaca este descenso a esa tecnificación de los ciperpedófilos, a su mayor pericia tecnológica: «La pornografía infantil ha descendido porque la gente no lo hace a través del eMule, sino en la nube, con IP ocultas y proxys anónimos». Los proxys son servidores ilícitos que proporcionan a los cibernautas números de identificación falsos, con lo que se dificulta su localización. Antes, a través de la IP, la policía podía llegar al teléfono de la vivienda con el que se había contratado la red y de ahí a la dirección e identidad del usuario.
«No tienen nada en su ordenador, sino que lo han subido a la nube y todo está encriptado, de tal forma que sólo se puede acceder a la plataforma con contraseñas», precisa este acusador público, uno de los mayores expertos del país en cibercriminología.
¿Cómo se transmiten esos vídeos e imágenes? Por correo electrónico pero todo encriptado, evitando el emule, señala.
En un reportaje reciente que La Opinión de Málaga efectuó al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, uno de sus investigadores corroboraba esta impresión del fiscal delegado del SCI en Málaga. «Si hace unos años el paraíso pederasta estaba en las redes P2P para compartir archivos, actualmente se esconden en las denominadas redes TOR (The Onion Router), también conocida como la web profunda».
En ellas se registran anónimamente e intercambian los archivos ocultando su dirección IP, algo que es esencial para su localización. De cualquier forma, cuando quieren buscar nuevas víctimas han de abandonar las profundidades abisales y entran en contacto con los menores «a través de las redes sociales, el whatsapp» o incluso las videoconsolas -en juegos compartidos por usuarios en red-.
Fernández-Llebrez afirma que «se hacen pasar por una chica o por personas relacionadas con el mundo de la moda, e incluso por un modelo. Llegamos a tener el caso de un tipo que se hacía pasar por un guardia civil. Una vez que se ganan la confianza de los jóvenes y, una vez que el buen rollo hace mella, empiezan a pedir fotografías y más cosas».
Luego viene el chantaje y, al final, pueden llegar a quedar físicamente, por lo que ya no se habla sólo de posesión y distribución de archivos de pornografía infantil sino que se entra en terrenos más resbaladizos y graves.
El fiscal añade que han empezado a tener ya casos de acoso a menores de 13 años a través de los medios telemáticos. Este año se han registrado tres procesos de este tipo, uno en Málaga, otro en Antequera y un tercero en Estepona.
La generalidad de los procedimientos en los que interviene el SCI también ha caído: desde los 134 de 2012 a los 97 de 2013, un 27,6%. Este año se han registrado hasta junio 47, cinco de ellos de pornografía infantil.
Esta red especializada de la Fiscalía persigue muchos tipos de delitos tales como las injurias y calumnias (dos casos en lo que va de año), las amenazas y coacciones (tres), y los accesos no autorizados a datos, programas y sistemas (18 durante 2014).
En 2013, según los datos del SCI, se presentaron 64 acusaciones y se dictaron 29 sentencias en los distintos órganos jurisdiccionales malagueños, de las que 28 fueron condenatorias y sólo se produjo una absolución.
