El informe oficial del Defensor del Menor ha vuelto a poner en evidencia la situación que atraviesa la infancia y la adolescencia en Andalucía, donde, como ya fue denunciado a nivel nacional con el análisis de diversas ONG, se asiste, por la perseverancia de la crisis, a un aumento alarmante de la miseria y del riesgo de marginación prematura en los hogares.
Según los datos incluidos en la memoria, presentada ayer por el titular de la oficina, Jesús Maetztu, en el Parlamento de Andalucía, casi 1 de 4 menores de 16 años -el 23,9 por ciento del total- vive por debajo del umbral de la pobreza; una cifra que escala hasta el 39,1 si se detraen de la estadística las ayudas, subsidios y subvenciones y que trasladada a la situación particular de Málaga arroja un balance de actualidad escandaloso en cualquiera de los dos parámestros. De acuerdo con la publicación, la provincia, que cuenta con una población en esa franja de edad de casi 300.000 personas, tendría ya a más de 71.500 niños y adolescentes malviviendo fuera del rasero de la normalidad -más de 117.000 si se añaden los hogares absolutamente dependientes de prestaciones sociales-.
La radiografía de la infancia correspondiente a 2012 y 2013, periodos todavía ampliamente lesivos en lo económico, avala, según Maetztu, la necesidad de actuar a nivel político y financiero de manera urgente. En este sentido, el Defensor anunció ayer que pedirá a la administración y a la inicitiva privada que se impliquen en la construcción de una hoja de ruta común contra la pobreza. De momento, el futuro es incierto. Sobre todo, si se completa la perspectiva general con algunos de los datos que se acompañan el informe. El riesgo de exclusión en Andalucía ha avanzado tanto que ya casi la mitad de los menores -140.000 malagueños- vive en hogares que no pueden proporcionarles todos los conceptos considerados básicos por la estadística en su lectura de calidad de vida -una categoría que incluye desde la capacidad para afrontar gastos imprevistos a los retrasos en el pago de la vivienda, las vacaciones o la dotación energética de las casas-.
El informe del Defensor converge con investigaciones recientes como la elaborada por la Fundación Bancaja, que asegura que el índice de pobreza humana en Andalucía se ha elevado un 11 por ciento entre 2007 y 2011. Al problema de la falta de recursos, se añaden otros factores potenciales de marginación que preocupan, y mucho, al equipo de Maetztu. Uno de ellos es el coqueteo con las drogas, que en Málaga es más acusado que en el resto de provincias andaluzas, aunque, eso sí, con propósito de enmienda por parte de los afectados. En el último año computado por el balance, fueron admitidos a tratamiento un total de 236 jóvenes, lo que se traduce en la cifra más alta de la comunidad -de cada cien personas que solicitaron ayuda ocho resultaron menores-.
A nivel autonómico, el trabajo se hace igualmente eco de otra gran lacra como es el maltrato infantil. En el año 2012, laoficina del Defensor contabilizó en Andalucía hasta 1.420 casos denunciados por teléfono, las más numerosas, un 33, 1 por alusivas a denuncias de abandono o desemparo.
El reflejo estadístico de la infancia deja, en lo que respecta a la provincia, un balance igualmente cargado en cuanto a atenciones en los programas de salud mental específicos. Más de 20.000 malagueños, la mayoría en régimen de asistencia continuada, pasaron el ejercicio anterior por consulta. Por otro lado, los niños y adolescentes de Málaga fueron los andaluces que menos hicieron uso del plan de asistencia bucodental -únicamente un 26,12 por ciento solicitaron atención-.
Los menores, y a pesar del notorio éxito de la intermediación, se vieron envueltos también en procesos judiciales. En concreto, la provincia celebró 1.292 juicios con papel protagonista para los más jóvenes, 434 de ellos con menores de 15 años. Se trata de la segunda cifra, tras cádiz, más elevada del conjunto de Andalucía. Además, un total de 808 fueron entregados por la administración en acogida por la concurrencia de motivos severos de sufrimiento o exclusión.
La memoria presentada ayer en el Parlamento se sirve también de una serie de informaciones que permiten conocer de cerca la realidad demográfica de la comunidad en relación con la infancia. El 19,2 por ciento de los menores andaluces de 18 años, precisa el estudio, reside en la provincia de Málaga, que es la única, junto a Almería, en la que el índice poblacional no ha descendido en la última década. De hecho, entre 2002 y 2013, el conjunto de niños y adolescentes avanzó un 18,5 por ciento.
