29 de julio de 2014
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Tribunales

Las tasas judiciales reducen los pleitos contra la administración en un 41%

Málaga abandera la lucha de la abogacía española contra una reforma que afecta especialmente el turno de oficio

29.07.2014 | 05:00
Abogados del turno de oficio de Málaga.

Los conflictos civiles también descienden en la capital un 33%, mientras que los recursos por apelación caen otro 20%.

­El turno de oficio está que arde. Y sobre todo en Málaga, provincia que abandera el malestar generalizado de la abogacía española con el concepto de Justicia Gratuita y la tasas judiciales que impone el Gobierno de Mariano Rajoy desde diciembre del año 2012. Apenas una semana después de que abogados de todo el país salieran a la calle con sus togas para manifestarse contra la reforma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el gremio de los letrados sigue confiando en que el Gobierno rectifique la economización de la justicia que ya sacude de lleno a miles y miles de ciudadanos a los que les resulta prohibitivo recurrir a la justicia.

Y es que sólo en Málaga capital, donde trabajan casi 2.000 de los 42.500 abogados de oficio de todo el país, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española y decano de los abogados malagueños, Francisco Javier Lara, señala que los asuntos contencioso administrativos (pleitos contra la administración) han descendido en un 41%, mientras que los conflictos familiares han caído un 16%, los laborales un 12% y los recursos de apelación en torno a un 20%. Por su parte, los asuntos civiles han descendido hasta un 33% en la capital, mientras que en los partidos judiciales de la provincia destacan los desplomes detectados en Vélez Málaga (-34,03%), Marbella (-16,21%), Torremolinos (-13,69%), Estepona (-13,50%), Coín (-12,5%) y Ronda (-10,09%).

Sin embargo, el máximo representante de los letrados malagueños todavía se agarra al hilo de la esperanza que le otorgan las enmiendas que se presentaron hasta el pasado 24 de julio, fecha límite para entregarlas y que el Ejecutivo las estudie. Entre esos hilos, Lara y el sector destacan el hecho de que el propio Grupo Popular haya acogido muchas de esas enmiendas, así como la Comisión Mixta del Consejo o el propio Ministerio de Justicia. Sin embargo, el decano malagueño no cree que sea suficiente. «Aunque esas enmiendas fuesen estimadas inicialmente, podrían no ser apoyadas por el Ministerio de Economía», explica. Como ejemplo, el líder de los letrados malagueños incide en los problemas que plantea la reforma en materia de territorialidad al prever que cualquier abogado pueda apuntarse al Turno de Oficio en cualquier Colegio de Abogados independientemente de donde tenga su domicilio profesional. «Creemos que esta medida no garantiza la cercanía de la justicia gratuita al ciudadano y, aunque el Ministerio de Justicia apoya nuestra tesis, tenemos la sospecha de que será el Ministerio de Economía el que se oponga amparándose en favorecer la competitividad. Nosotros insistimos en que esta situación crea importantes disfunciones y que es necesario volcarse en garantizar la asistencia a los detenidos y fomentar la relación de confianza entre éstos y sus abogados», abunda. No parecen tenerlos fácil en este aspecto los letrados, ya que el Partido Popular ha planteado excluir del turno de oficio durante un mínimo de cinco años a los abogados que incumplan su deber de estar disponibles en los servicios de guardia permanentes o no comparezcan en dos horas desde que fueran requeridos, siempre que no concurran «causas debidamente justificadas» ni se haya excusado antes como marca la ley.

Entre las demandas del colectivo también destaca una mayor garantía de cobro del abogado con una retribución «digna, puntual y de actualización automática», además de que los importes de la condena en costas sean para el abogado de oficio previa devolución de los honorarios cobrados. De la misma forma, la abogacía pretende que se preserven las competencias autonómicas en la gestión de la Justicia Gratuita; una intervención exclusiva de los profesionales que constitucionalmente tengan asignadas funciones de asistencia y defensa jurídica; incluir en el contenido material del derecho el Servicio de Orientación Penitenciaria, la asistencia a víctimas de violencia de género y la vía administrativa previa; así como aumentar la protección de los derechos de los ciudadanos a todos los niveles, «sin condicionar el ejercicio a trámites de ratificación personal, suspendiéndose automáticamente el procedimiento hasta que no exista letrado designado, aún en los supuestos de renuncia y planteamiento de insostenibilidad por parte del letrado».

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