14 de agosto de 2014
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Actualizado: 26-04-20 11:17h
Empleo

Expertos aconsejan reorganizar totalmente el SAE y las políticas activas de empleo

El Observatorio Económico de Andalucía apunta la «nula efectividad» laboral de planes como el Prepara y el Emple@Joven

14.08.2014 | 05:00
Expertos aconsejan reorganizar totalmente el SAE y las políticas activas de empleo

El Observatorio Económico de Andalucía ha publicado un informe en el que apuesta por rediseñar las políticas activas de empleo ante los «indicios de gestión irregular y sus mediocres resultados», y para ello plantea avanzar en la transparencia, en la asignación competitiva de fondos y en la evaluación externa de los resultados. En este estudio sobre las políticas activas de empleo, el Observatorio defiende una reorganización completa del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para ofrecer un «servicio más ágil y vinculado a las necesidades de la estructura económica de cada territorio».

Esa reorganización del SAE pasa por incentivos salariales para el personal dedicado a la orientación laboral para que sus retribuciones dependan en mayor medida de los resultados obtenidos por los parados a los que asesoren.

También propone aplicar un sistema de incentivos y castigos para los desempleados que participan en estas acciones, ya que –argumenta– sólo serán efectivas las políticas activas de empleo si los desempleados perciben como perjudicial no tener una búsqueda activa de empleo y cita como ejemplo la posibilidad de la pérdida de la prestación.

El informe llama también la atención sobre la «nula efectividad» de algunas políticas para reinsertar a los parados utilizadas en los últimos años en Andalucía como los programas Progresa (como se conoce el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo del SAE) y el Plan Prepara.

El Plan Prepara es una ayuda de entre 400 y 450 euros al mes a parados sin coberturas durante seis meses por asistir a cursos de formación. Pueden solicitarla sólo en una ocasión los trabajadores en paro que haya agotado todas las prestaciones y subsidios por desempleo. El plan Prepara fue puesto en marcha a raíz de la crisis por el Gobierno de Zapatero y prorrogado sucesivamente por el de Rajoy, y de él se han podido beneficiar ya más de 35.000 malagueños, según cálculos realizados en su momento por los partidos políticos. La renovación del Plan Prepara cada seis meses es un compromiso que asumió el Gobierno mientras la tasa de desempleo a nivel nacional sea superior al 20%.

En cuanto a la reciente estrategia de «Emple@Joven» aprobada por la Junta de Andalucía para la creación directa de empleo en los municipios, el informe crítica el hecho de que la mayor parte de los fondos –174 millones de los 200 con los que cuenta el plan– se destine a la contratación para proyectos de cooperación social y comunitaria en los ayuntamientos.

El programa «Emple@Joven» es un conjunto de medidas presentadas el pasado mayo y destinadas a reactivar el empleo juvenil. El plan (que cuenta con un presupuesto de 30,7 millones de euros para Málaga y cuyos beneficiarios serán los ayuntamientos, que percibirán fondos para la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años empadronados en Andalucía) pretende crear más de 25.000 empleos directos en la comunidad.

La prioridad, generar empresas

«La nula efectividad de estas políticas para reinsertar al desempleado en el mercado de trabajo se ha demostrado fehacientemente por lo que parece ineficiente seguir insistiendo en continuar por este camino», apunta el organismo.

Por tanto, la prioridad de la Junta debe ser, según el Observatorio, la generación de nuevos proyectos empresariales y el crecimiento de los existentes por la vía de la innovación y la apertura al exterior.

Para este foro de expertos, las políticas activas de empleo pueden resultar «de especial interés» para mejorar la cualificación de trabajadores con poca formación, aunque precisa que la información sobre su efectividad es «muy limitada».

Más atención personalizada

El Observatorio recomienda avanzar en la atención personalizada al desempleado y, para ello, valora la colaboración público-privada, si bien censura que el SAE haya renunciado a los convenios de colaboración que permite la reforma laboral. También aconseja una formación dual (en la escuela y en la empresa) y cursos de formación de más de 250 horas que capaciten para una ocupación específica de alta demanda.

Subvenciones muy selectivas

Según el informe, las subvenciones a la creación de empleo privado deben dirigirse solamente a colectivos con especiales dificultades de inserción y las ayudas a la creación de nuevos proyectos empresariales deben ofrecerse sólo a los candidatos con un nivel de formación y conocimiento del mercado suficiente para garantizar una alta tasa de éxito en la estabilidad futura de los proyectos.

Ayudas mínimas

Las ayudas a instituciones públicas para crear empleo temporal son, con diferencia, «las medidas menos efectivas» para mejorar las perspectivas de empleo de sus perceptores, y «deben reducirse al mínimo y dirigirse sólo a colectivos con graves problemas de inserción laboral».

Un mayor control de los cursos formativos para «evitar escándalos»

El Observatorio Económico de Andalucía apuesta por la concesión competitiva de todos los cursos de formación para que acaben siendo impartidos por las instituciones y empresas que demuestren más éxito en términos de competencia e inserción –hasta ahora se adjudican en su mayor parte a los sindicatos y a la patronal–. En este sentido, denuncia la falta de transparencia en Andalucía en los fondos destinados a políticas activas de empleo, y se remonta a la última memoria del SAE en 2011, que eleva la partida a 713 millones, aunque en total, incluido el gasto del Gobierno de España en Andalucía, asciende a unos 1.200 millones al año.

Asimismo, destaca la importancia de una completa evaluación a posteriori de los resultados de los cursos haciendo un seguimiento de los alumnos y, de hecho, considera que parte de los fondos de los cursos sólo deberían abonarse una vez que se verifique determinado nivel de éxito en la inserción laboral. Así, afirma, «se evitarían situaciones escandalosas como las que se están conociendo sobre la gestión tanto pública como privada» de los fondos de formación a desempleados.

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