Las obras del tramo entre Renfe y el Guadalmedina seguirán otro mes más con una actividad prácticamente nula. La Consejería de Fomento retrasa a septiembre la resolución del conflicto que mantiene con la constructora Ortiz, después de que esta aceptara con condiciones unos sobrecostes de 17 millones de euros en este tramo, frente a los 32 millones reclamados.

Son precisamentes las condiciones del Grupo Ortiz las que han aconsejado a la Consejería de Fomento, a través de la Agencia de la Obra Pública de Andalucía (AOPA), a frenar cualquier solución definitiva para este tramo. Las condiciones planteadas por la constructora no han gustado del todo a la administración, que considera que terminan concretándose en un sobrecoste equiparable al que reclamaba el Grupo Ortiz inicialmente y que AOPA se niega a asumir.

La Consejería está estudiando la propuesta de la constructora, presentada el pasado 8 de agosto dentro del ultimátum planteado por Fomento para dar una salida a la paralización de estas obras. Así, el pasado 1 de agosto anunció una modificación del contrato de obra para incrementar el presupuesto del tramo en 17 millones de euros, que se sumarían a los 42 millones por los que fueron adjudicados los trabajos. Fomento dio de plazo a Ortiz hasta ayer para responder a esta propuesta, que rebajaba en 15 millones las pretensiones de la constructora.

La contraoferta ha pasado a los servicios técnicos de la Consejería de Fomento, que responderá en septiembre, aunque fuentes de la administraciones mostraron muchas dudas sobre la viabilidad de este planteamiento al sobrepasar el límite de 17 millones. En este sentido, parece difícil alcanzar una solución negociada que asegura la vuelta al tajo de los obreros en otoño, acumulando así otros cinco meses más de retraso a los cuatro años que ya lleva perdidos.

Este tramo del suburbano, de 713 metros de longitud entre Renfe y el Guadalmedina, tenía un plazo de ejecución de 13 meses, aunque ya lleva 52 meses con la obra en marcha debido a problemas de asentamiento del terreno y la aparición de restos arqueológicos. Este hecho llevó al Grupo Ortiz a reclamar 32 millones de euros para terminar la obra, a lo que Fomento sólo reconoce 17 millones.

De no llegar a un acuerdo, la Consejería de Fomento iniciaría el proceso para rescindir el contrato y contar con una nueva empresa para terminar los trabajos, que deben permitir que este tramo entre en servicio en 2016.