La Fiscalía asegura que 16 viviendas fueron demolidas por delitos urbanísticos

­La Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Málaga asegura en su memoria relativa a 2013 que en ese ejercicio fueron derribadas 16 edificaciones como consecuencia directa de sentencias por delitos contra la ordenación del territorio, lo que supone un aumento en relación con ejercicios anteriores.

Sin embargo, aclara que, como ocurre en otras provincias andaluzas, hay muchísimas dificultades para ejecutar las órdenes de demolición, «pues los condenados utilizan todos los instrumentos procesales que puedan para intentar atrasar e impedir la medida de la demolición: suspensión de la ejecución de la sentencia para intentar legalizar el edificio o construcción ante los respectivos ayuntamientos; suspensión por interposición de recurso de amparo, suspensión por petición de indulto, etcétera...».

Así, el delegado malagueño en la materia, Juan Calvo-Rubio, asegura que «a través de las sentencias dictadas en procedimientos de medio ambiente -que son supervisadas por el fiscal delegado-, al igual que las dictadas por las distintas secciones de la Audiencia Provincial resolviendo los recursos de apelación, se va tomando auténtico conocimiento de la interpretación realizada por los órganos en la materia, lo que facilita luego la asistencia a juicios orales».

El fiscal delegado pone de manifiesto que, tal y como ya han dejado dicho la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo en varias de sus resoluciones, «la demolición no es propiamente responsabilidad civil, pero sí parece que pueda afirmarse claramente que se trata de una medida civil que entronca con la reparación del daño causado».

Así, la demolición es «una obligación de hacer, derivada del delito», lo que conecta con la reparación del daño causado, lo que puede hacer el culpable o culpables. «Por esta causa se señala en la memoria que en estos casos se informa negativamente la concesión de beneficios de la suspensión de la pena privativa de libertad cuando no se ha llevado a cabo la reparación del daño, de tal forma que la suspensión es un beneficio y no un derecho, respecto del cual ha de mostrarse merecedor el penado», indica.

El número de procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio se situó en 2013 en la provincia en 97 casos frente a los 173 de 2012, lo que supone una fuerte caída del 43,9%. Ello puede achacarse a la menor actividad del ladrillo. En cuanto a los delitos generales que se investigan en esta sección de la Fiscalía, una de las más veteranas y efectivas en la represión de la delincuencia urbanística, éstos cayeron desde los 227 de 2012 a los 155 de 2012, lo que supone un descenso del 31,7%, según los datos contenidos en la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Recientemente, la Junta ha anunciado su intención de reformar la ley para amnistiar a muchas de las casas ilegales.

Los fiscales malagueños solicitan más medios

El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo en Málaga, Juan Calvo-Rubio, ha puesto de manifiesto en la memoria del área el gran volumen de trabajo que soportan los acusadores adscritos a la misma, de tal forma que ellos han de compartir esta materia «con otras distintas». La Fiscalía malagueña cree que hay reforzar estas y otras especialidades, ya que muchas de ellas están «al borde de la saturación». El fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, reclama asimismo más fiscales y más funcionarios auxiliares para sacar adelante el trabajo.