22 de septiembre de 2014
22.09.2014
Empresas

El fin del alquiler de renta antigua al acabar este año amenaza a 400 comercios

Los afectados se enfrentan a subidas del alquiler de entre el 200% y el 400%

22.09.2014 | 05:00
La calle Larios ha cambiado en los últimos años su fisonomía de comercios

La extinción de los denominados Contratos de Arrendamiento de Renta Antigua el próximo 31 de diciembre de 2014 amenaza el futuro de unos 400 comercios en la provincia de Málaga que todavía no tienen resuelta la renegociación de su alquiler con el propietario del local. Son datos que ofrece el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Fernando Pastor, quien afirma que este asunto es uno de los más «candentes» que ahora mismo aborda su gremio, que suele actuar como mediador en este tema, y recuerda que, en caso de no haber acuerdo con el propietario, el comerciante se vería en la calle a partir del 1 de enero.

El problema no es nuevo pero ahora el tiempo realmente apremia. Durante los últimos tres años, el cercano fin del alquiler de renta antigua –los contratos firmados antes de mayo del año 1985 y que recibieron en la Ley de 1994 una prórroga de 20 años– ha llevado a unos 5.000 comercios tradicionales de la provincia de Málaga a renegociar, cambiar de ubicación o adelantar la fecha de cierre por jubilación. Estos datos están extrapolados de un estudio elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que arroja un número de 27.000 establecimientos afectados en Andalucía ¿Y qué ocurre con los rezagados? La UPTA demanda ahora que se acerca la fecha límite una moratoria para que los comerciantes puedan adaptar progresivamente su alquiler a la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos. En caso contrario, advierten de un gran número de cierres con la entrada de 2015. El problema es que, en realidad, muchas veces el deseo del propietario es extinguir ese antiguo arrendamiento.

Alquileres de otra época

Y es que la cuestión no es asunto baladí, ya que el salto de la renta antigua a los actuales niveles de mercado puede suponer que el alquiler de un negocio suba entre un 200% y un 400%. Algunos comerciantes afirman que han oído casos de propietarios que se descuelgan con exigencias de precios hasta diez veces superiores a los que percibían con la renta antigua.

Según apunta Fernando Pastor, la postura de los dueños de los locales es totalmente comprensible, ya que hay comercios de renta antigua en locales muy golosos que pagan alquileres de 500 euros al mes cuando negocios de nuevo cuño en emplazamientos cercanos pagan 2.500 o 3.000.

«Con la actualización del alquiler se puede pedir mucho más y no te digo si hablamos de un local en el entorno de calle Larios en Málaga o de la avenida Ricardo Soriano en Marbella. Lo ideal pensando en el comerciante es que pudiera haber un acuerdo para pactar un nuevo alquiler, pero lo cierto es que la idea de muchos propietarios es esperar a que se extinga el contrato a final de año y buscar un nuevo inquilino», asegura.

El tema preocupa ciertamente al sector aunque el secretario general de la Federación de Comercio de Málaga (Fecoma), Juan Vallejos, afirma que gran parte de los negocios tradicionales que disfrutaban del alquiler de renta antigua ya han alcanzado acuerdos con los propietarios de los locales para actualizar la renta. En los casos en que esto no ha sido posible, esos negocios han emigrado a nuevas ubicaciones o, directamente han echado el cierre.

No obstante, la UPTA insiste en el incierto destino de los comerciantes que aún no tienen resuelta la negociación del alquiler. De hecho, este colectivo está organizando una Plataforma de Afectados a nivel nacional que, en un primer sondeo realizado en Málaga, ya ha contactado con casi un centenar de negocios en esta situación, explica la secretaria general de UPTA Andalucía, Inés Mazuela.

«Puede haber muchos damnificados en un momento como éste, donde todavía el consumo no hay repuntado. Esto afecta a los comercios de los centros históricos pero también de los barrios. Hablamos de una subida del alquiler muy sensible», añade.

La moratoria que propone la UPTA incluiría, a cambio, una subida del 30% de las rentas antiguas a partir del 1 de diciembre y una actualización anual que permite subir otro 70% añadido en los próximos años, en lugar del ínfimo incremento del IPC del que disfrutaban ahora los inquilinos.

De Larios a calle Granada

Esta dinámica ha sido especialmente visible en la calle Larios y la plaza de la Constitución, donde la retirada del comercio tradicional en favor de las cadenas de comida rápida y las franquicias de moda ha sido muy palpable. Negocios emblemáticos como General Óptica, Orly o Nicolás dejaron su hueco en la vía más emblemática de Málaga, que ha sido acaparada por las enseñas de gigantes como Inditex, Cortefiel y Mango.

«En Larios, que yo recuerde, sólo quedan como representantes del comercio tradicional Casa Mira, la joyería Aurelio Marcos y Antonio Parriego. Ha sido un éxodo continuado de reubicaciones, una desertificación total del comercio tradicional. Nadie puede pagar mensualidades que, en el caso de locales grandes, pueden irse a los 20.000 euros mensuales», comenta Vallejos, de Fecoma.

El alquiler de un local en la calle Larios se mueve en unos precios máximos por encima de los ?20 euros por metro cuadrado, según estudios inmobiliarios de años anteriores realizados por Aguirre Newman. Algunos comercios, caso de General Óptica, han optado por desplazarse a otras vías como Especerías y Cisneros, la propia Compañía y su entorno –área también muy revalorizadas tras la apertura del Museo Thyssen– o las inmediaciones de la calle Nueva.

El mismo proceso se está produciendo ahora mismo en la calle Granada, donde algún comerciante que prefiere permanecer en el anonimato confiesa a este periódico vivir ahora mismo en la incertidumbre sobre si podrá mantener su actual emplazamiento cuando llegue el 1 de enero de 2015. «Es una calle también muy golosa. Tiene al lado el Museo Picasso y ahora mismo es una vía que utilizan mucho los cruceristas que llegan a Málaga en su recorrido hacia la plaza de la Merced», apuntan en Fecoma.

La delegada de la consultora Aguirre Newman en Málaga, María Monasterio, confirma que el proceso de reubicaciones de comercios tradicionales comenzó hace tres o cuatro años, en previsión de la finalización de la prórroga del 1994 de la Ley de Arrendamientos, pero admite que todavía quedan comerciantes de zonas prime que actualmente renegocian su alquiler de renta antigua.

«Ha sido un movimiento progresivo, donde estos negocios se han desplazado quizá a calles comercialmente más secundarias. No es una revolución de ahora ni una estampida. En los casos pendientes se llegará algunas veces a acuerdo y en otros no. Dependerá de cada negocio y de la nueva renta que solicite el propietario del local», comenta Monasterio, que considera una lógica de mercado este proceso.

«Son rentas de alquiler que estaban desactualizadas y es lógico que en calles de tanto tirón como Larios haya habido una redistribución comercial», señala.

El 1 de enero de 2015 se extinguen los contratos de renta antigua

Los arrendamientos de renta antigua quedaron heridos de muerte en 1985 con el llamado decreto Boyer. Así, el 31 de diciembre de 2014 perderán la vigencia todos los alquileres de locales comerciales pactados antes de la entrada en vigor del decreto. Sólo se exceptúan los casos en los que siga al frente del negocio el mismo titular original del contrato o bien su cónyuge, que están blindados hasta su fallecimiento o jubilación. Si está a nombre de algún descendiente, o bien de una empresa, como ocurre en la mayoría de casos, el alquiler quedará sin efecto, ya que se cumplen los 20 años de prórroga establecidos en la posterior Ley de Arrendamientos Urbanos, de 1994.

La UPTA pide a los grupos políticos una moratoria de cinco años

La UPTA cree que la entrada en vigor de la nueva Ley supondrá un aumento en el alquiler que muchos arrendatarios no podrán soportar, con el consiguiente cierre de tiendas y la pérdida de empleo. A petición de UPTA, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda solicitando una moratoria de 5 años que incluiría, a cambio, una revalorización automática del 30% del alquiler y una subida del 70% en años sucesivos.

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