La deuda que las administraciones públicas mantienen con los trabajadores autónomos ha aumentado el 6,1% en el último trimestre hasta situarse en 2.835 millones de euros en toda España, según la última encuesta trimestral elaborado por el Observatorio de Trabajo Autónomo de Federación de Trabajadores ATA.
En el caso de la provincia de Málaga, la deuda asciende a 99,6 millones de euros con un incremento intertrimestral del 3%, según explicó a este periódico el vicepresidente de ATA-Andalucía, Rafael Amor, que se mostró «muy preocupado» por el nuevo repunte de la morosidad.
«Es cierto que la morosidad de las administraciones públicas con los autónomos llegó a estar en 140 millones de euros a finales del pasado año pero vemos muy negativo que, después de que se hayan abonado en mayo los pagos del tercer plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno, la morosidad vuelva a subir. Parece que los únicos que no hacen los deberes son los poderes públicos», lamentó Amor.
La deuda de las administraciones con los autónomos malagueños supone una quinta parte de todo lo que se adeuda en Andalucía (481 millones de euros). El plazo de pago asciende a 131 días en la comunidad andaluza, por encima de los 111 de media nacional que la encuesta de la ATA detecta como demora tipo. En todo caso, ambos plazos están muy por encima de los 30 días de máximo que establece la Ley de Morosidad y la directiva europea de la UE.
El informe de la Federación de Trabajadores ATA insiste en que pese a los esfuerzos por poner coto a la morosidad, a través de las diferentes fases del plan de pago a proveedores, «tanto las administraciones públicas como el sector privado siguen incumpliendo la ley». En cuanto al sector privado, el plazo medio ha bajado de 82 a 81 días, frente a los 60 que establece la normativa vigente.
Entre ambos sectores, el plazo medio de pago de las facturas al colectivo de autónomos se sitúa en 96 días, es decir, más de tres meses. Los períodos medios de pago bajan en los entes locales, se mantienen en las comunidades autónomas y suben en la administración central. En concreto, los plazos de abono de facturas en la administración central son de 37 días, de 130 en las administraciones autonómicas y de 92 en las entidades locales.
