Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga presentarán dos mociones hoy jueves en el pleno municipal para instar al equipo de gobierno del PP a que tome medidas ante las demandas por acoso presentadas por algunas usuarias de clínicas ginecológicas en la ciudad y, de este modo, «defender el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo».
Así lo defendieron ayer la viceportavoz de IU y la número uno del PSOE en el Ayuntamiento, Antonia Morillas y María Gámez, respectivamente, quienes explicaron que varias mujeres han sufrido «acoso y coacción» al acudir a varios centros sanitarios que practican la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Unos hechos que se han producido «con una gran agresividad» por parte de personas pertenecientes a un grupo «ultra-católico antiabortista», según matizó Morillas.
«Estos hechos suponen sin duda violencia de género, ya que llaman a las mujeres asesinas, y algunos hombres actúan violentamente contra éstas, zarandeándolas e incluso persiguiéndolas hasta el interior del aparcamiento», añadió Morillas
Por otro lado, la socialista María Gámez calificó la situación como «absolutamente insostenible» y explicó que estos hechos «suponen una situación de completa indefensión de las mujeres que acuden a demandar un servicio sanitario al que tienen derecho, y una inadmisible violación de su derecho a la intimidad».
La portavoz socialista añadió que el objetivo de esta moción persigue que el Ayuntamiento ponga en marcha campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género durante todo el año, y exige «que preste el apoyo necesario para garantizar la seguridad e intimidad de mujeres que quieren interrumpir su embarazo».
Las propuestas políticas de PSOE e IU fueron apoyadas por el movimiento feminista Marea Violeta y el representante en Málaga de ACAI, (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo), Alberto Stolzenburg, que informaron de que, además, a las puertas de las clínicas los antiabortistas entregan octavillas y llevan una serie de carteles «que comparan estas clínicas con campos de concentración nazis», señaló Carmen Martín, portavoz de Marea Violeta.
La portavoz de Marea Violeta llamó a la movilización de este domingo, 28 de septiembre, para «seguir manifestando la negativa de la sociedad a modificaciones de la ley que aún se están planteando, a pesar de haber retirado la contrarreforma», explicó.
«No todas las mujeres que acuden allí van para someterse a una IVE, y las que van allí van con el visto bueno del Servicio Andaluz de Sanidad (SAS)», dijo destacando que el derecho al aborto está reconocido por la ley de plazos de 2010, «que sigue vigente en este país, por lo que las mujeres están llevando a cabo un ejercicio legal».
Desde Marea Violeta quisieron dejar claro «que no vamos a consentir esta situación», por lo que dijo que han puesto estos hechos en conocimiento del subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, «para que tomen las medidas necesarias para que se deje de intimidar a las mujeres y a los profesionales que las atienden», recalcó Martín.
A pesar de la retirada del anteproyecto, Marea Violeta comunicó que llevará a cabo acciones «contra el planteamiento de determinadas modificaciones a la ley actual, como la reforma por la que las menores no podrán ejercer su derecho al aborto sin la autorización de sus padres, ya que existen situaciones muy críticas», explicó la portavoz.
Alberto Stolzenburg, por su parte, señaló que las estadísticas de las clínicas españolas apuntan a que un tres por ciento de las 110.000 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo el pasado año son menores de entre 16 y 18 años. De este porcentaje de menores, el 13 por ciento no fueron acompañadas por los padres.
